La Ley de prohibición de plásticos de un solo uso, implementada en 2022, tiene como objetivo la sustitución gradual de productos plásticos en Colombia en plazos que oscilan entre dos y ocho años. Sin embargo, su impacto económico y ambiental ha generado debate y desafíos en la implementación.
El primer plazo, que inicia en julio de este año, trae consigo multas para aquellos que incumplan la normativa, con sanciones que van desde 100 hasta 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Si bien esta medida representa un paso necesario para preservar el medio ambiente, la transición hacia alternativas sostenibles enfrenta obstáculos. La falta de regulación en la responsabilidad extendida a los productores y la disponibilidad de opciones amigables con el entorno son aspectos que preocupan a la industria.
En Colombia, se generan 1,2 millones de toneladas de plástico al año, con un promedio de 24 kilogramos per cápita desechados. La mayoría de estos residuos terminan en vertederos, afectando gravemente los ecosistemas. Sin embargo, el sector plástico es un importante motor económico en el país, generando más de 250.000 empleos directos y contribuyendo con $31 billones anuales en ventas. La implementación de la ley plantea desafíos en términos de reconversión laboral y la necesidad de escuchar las preocupaciones de los gremios para evitar una pérdida masiva de empleos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con la Cámara Colombiana de Plásticos están trabajando en una hoja de ruta para abordar estos desafíos. Iniciativas como el ecodiseño, el impulso al reciclaje y la reconversión laboral son parte de las soluciones propuestas.
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