Desde hace varios meses, se discute en el país si el incremento de la inseguridad es un tema de percepción o es una realidad innegable. Mientras desde el Ministerio de Defensa reportaron una disminución anual del 14 % en hurto a personas hasta abril de 2025, así como bajas en homicidios en ciudades específicas y golpes contra estructuras criminales, la violencia contra la Fuerza Pública ha aumentado dramáticamente, con incrementos significativos en asesinatos y ataques a policías y militares, lo que refleja un deterioro en la seguridad pública y el control territorial.
Frente a este debate, la consultora Sectorial realizó un análisis para determinar qué tanto hay de percepción y qué tanto de realidad en la discusión sobre el orden público, así como para determinar su costo económico.
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Los costos económicos de la inseguridad se distribuyen desigualmente según sectores. Logística, minería, agricultura y comercio enfrentan aumentos en costos operacionales por seguridad privada, seguros y desviaciones de rutas. El Banco de la República estima pérdidas entre 0.5% y 1.5% del PIB anual. Regiones como Cauca, Nariño y Putumayo concentran la mayor actividad criminal, generando un deterioro acelerado en inversión extranjera directa y competitividad territorial.
Las empresas intensifican gastos defensivos: blindaje de vehículos, personal de seguridad, sistemas de monitoreo y auditorías de riesgo político. Aseguradoras incrementan primas mientras algunos sectores enfrentan retiros de cobertura. Sectores como turismo, retail y servicios financieros reportan contracción en operaciones. Este escenario presiona márgenes operacionales, particularmente en pequeñas y medianas empresas sin capacidad de absorber sobrecostos estructurales de seguridad.
