El proceso para obtener la licencia de conducción en el país se prepara para una transformación estructural. Esta se orienta a elevar la rigurosidad de las evaluaciones teóricas y prácticas bajo estándares internacionales. Similar a los de Norteamérica y Europa. La propuesta central del Gobierno consiste en la implementación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). Estos son organismos independientes que se encargarían de validar las competencias de los aspirantes. Además, separan esta función de la formación académica para garantizar mayor transparencia. Otro objetivo es reducir los índices de siniestralidad vial.
Según Valora Analitik, esta iniciativa retoma los lineamientos de una resolución de 2017. Cuenta con el respaldo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI. Este gremio considera vital la intervención de un evaluador externo para asegurar la idoneidad de los conductores. El nuevo modelo exigirá que, tras el registro en el RUNT y el chequeo médico, el usuario apruebe un examen teórico con preguntas aleatorias. También deberá pasar una prueba práctica que, dependiendo de la categoría, se realizará en pistas controladas. Alternativamente, en condiciones reales de tráfico en vía pública.
La medida busca que la licencia deje de ser un simple trámite administrativo. La prioridad sería que se convierta en una verdadera certificación de competencias. Así se priorizaría la seguridad sobre la agilidad en la expedición del documento. Aunque el Ministerio de Transporte aún debe definir el cronograma exacto y los requisitos técnicos para su entrada en vigor. Sin embargo, el consenso entre las autoridades y los actores del sector apunta a que este filtro adicional es indispensable. Esto es necesario para mitigar los riesgos en las carreteras nacionales.
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