La reciente declaración de Donald Trump sobre Venezuela reactivó las expectativas energéticas y provocó una reacción inmediata en los mercados: las acciones de Chevron subieron cerca del 7%, los bonos venezolanos se movieron y analistas comenzaron a especular con un renacer petrolero en el país. La narrativa suena simple: Venezuela está quebrada, su industria petrolera destruida, pero posee 303.000 millones de barriles de reservas probadas —las mayores del mundo— y Estados Unidos tiene compañías, capital y tecnología para explotarlas. Sin embargo, en la práctica la ecuación es mucho más compleja. El problema de Venezuela nunca fue la falta de petróleo, sino la destrucción institucional, las expropiaciones, la pérdida de capital humano, la corrupción y una deuda externa cercana a US$160.000 millones. Hace dos décadas PDVSA producía 3 millones de barriles diarios; hoy apenas ronda el millón y con enormes dificultades. Gran parte de la infraestructura está deteriorada, buena parte del personal técnico emigró y la industria fue utilizada como herramienta política y fiscal. Incluso Chevron —que emplea 3.000 personas en el país y produce cerca de un cuarto del crudo nacional— opera con extrema cautela pese a contar con licencias especiales del Tesoro estadounidense. Si una empresa con décadas de experiencia en el terreno prefiere esperar garantías antes de invertir miles de millones, difícilmente otras petroleras globales asumirán riesgos políticos y jurídicos aún mayores.
A esto se suma un factor macroeconómico decisivo: el precio. En 2025 el crudo cayó 20%, la mayor corrección desde 2020; el WTI se proyecta en US$54 para 2026 y el Brent en US$58, mientras que extraer crudo pesado venezolano es costoso, requiere mejoradores, diluyentes e infraestructura especializada. En los años 2000, cuando Venezuela producía con fuerza, el barril cotizaba entre US$100 y US$140; hoy está entre US$55 y US$65. En este nivel de precios, las inversiones son rígidas, el retorno es lento y el riesgo país —amplificado por corrupción, sanciones y litigios internacionales— hace que el negocio se torne poco atractivo. Goldman Sachs calcula que si Venezuela lograra producir 2 millones de barriles diarios hacia 2030, los precios globales caerían US$4 por barril, reduciendo aún más la rentabilidad. Además, cualquier flujo de ingresos petroleros sería reclamado por acreedores, fondos y estados que litigan arbitrajes tras años de expropiaciones, lo que obliga a reestructurar deuda antes de cualquier reapertura seria. Trump puede imaginar la operación en términos geopolíticos, pero las petroleras piensan en retorno, protección legal y estabilidad contractual. La pregunta clave no es si hay petróleo, sino si Venezuela puede ofrecer un entorno donde invertir sea racional. Liberar las reservas venezolanas no requiere discursos, sino tiempo, credibilidad, instituciones y reglas. El crudo está ahí; lo incierto es si el país —y su sistema político— estará listo para aprovecharlo sin repetir la misma historia.
