La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha emitido un llamado urgente al Congreso de la República para acelerar la aprobación del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero. Según el gremio, el país enfrenta el riesgo de quedarse sin herramientas jurídicas para combatir el contrabando y otras prácticas ilegales antes del 20 de junio de 2026. Esta fecha representa el límite establecido por la Corte Constitucional para evitar un vacío normativo que desproteja al comercio formal y afecte la competitividad en puertos y fronteras nacionales.
De acuerdo con Portafolio, la falta de esta ley impediría que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) imponga sanciones, realice decomisos o ejecute aprehensiones de mercancías ilegales. El proyecto de ley actual es el resultado de mesas técnicas de trabajo entre el Gobierno y diversos actores del comercio exterior, buscando un equilibrio entre el control aduanero y la facilitación del comercio. La ANDI enfatiza que no avanzar en esta discusión debilitaría la seguridad jurídica de las operaciones internacionales y la estabilidad de la cadena logística en el país.
El trámite legislativo, identificado como el Proyecto de Ley 312 de 2025 en el Senado, cuenta con mensaje de urgencia, aunque su debate fue suspendido recientemente. Los gremios insisten en que la lucha contra el contrabando no admite aplazamientos, pues la ausencia de un marco sancionatorio robusto generaría distorsiones en los mercados y erosionaría la confianza del sector privado. La aprobación oportuna de esta norma se considera fundamental para proteger el tejido productivo formal frente a las redes de ilegalidad.
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