Centro Democrático asumirá la presidencia de la Comisión Séptima de Salud con el 21,4 % de sus curules

El Senado de la República completó este martes 28 de julio la conformación de sus siete comisiones constitucionales permanentes para el periodo legislativo 2026-2030, un paso previo a la definición de las jefaturas que orientarán el trámite de las reformas durante el nuevo cuatrienio. La Comisión Séptima, encargada de las iniciativas relacionadas con salud, trabajo, seguridad social, vivienda, familia, deporte y régimen de los servidores públicos, quedó integrada por 14 congresistas repartidos entre seis bancadas políticas, sin que ninguna agrupación alcance por sí sola los ocho votos necesarios para aprobar o archivar un proyecto de ley. Sus decisiones inciden, entre otros aspectos, en cómo se organiza institucionalmente el sistema, en la relación entre quienes aseguran y quienes prestan los servicios médicos, y en las garantías laborales del personal que trabaja en el sector. Esta célula legislativa funcionará como el primer filtro de cualquier iniciativa que busque modificar el aseguramiento, la prestación de servicios o el financiamiento del sistema sanitario, antes de que dichos proyectos puedan avanzar hacia la plenaria del Senado.

Según Consultorsalud, la agrupación Pacto Histórico + Mais logró la mayor representación dentro de la comisión, con cuatro integrantes que equivalen al 28,6 % de las 14 curules. Le siguen el Centro Democrático y la coalición CRUSMI, integrada por el Partido de la U, Cambio Radical, Salvación Nacional y Mira, cada una con tres senadores, es decir, el 21,4 % del total. La alianza entre el Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo y Demócratas ocupa dos curules (14,3 %), mientras que la Alianza Verde, junto con Aico y En Marcha, y el Partido Conservador cuentan con un escaño cada uno (7,1 %). Entre los nombres que integrarán la célula legislativa también figuran Sandra Claudia Chindoy Jamioy y Marta Peralta Epieyú, por el Pacto Histórico + Mais, y Norma Hurtado, por la coalición CRUSMI.

La composición de la nueva Comisión Séptima cobra particular relevancia para el sector salud, que llega a este relevo legislativo con las finanzas comprometidas. Según cifras propias de Sectorial, el presupuesto asignado en 2026 a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) asciende a $110,7 billones, con un gasto proyectado que crece al 12,4 %, frente a un recaudo de apenas el 8,4 %, mientras la deuda acumulada de las EPS con hospitales y clínicas alcanza los $32,9 billones. Dicha entidad depende en un 91,0 % de aportes de la Nación y cotizaciones parafiscales, un nivel de dependencia fiscal que condiciona cualquier ajuste al gasto en salud. Consultorsalud advierte que, como las seis bancadas se reparten los 14 escaños sin que ninguna alcance la mitad más uno, el destino de cualquier proyecto sanitario, que avance, se modifique o se archive, dependerá de los consensos que logren tejerse entre ellas. Ese escenario de negociación permanente definirá el ritmo de los debates sobre el aseguramiento, la prestación de servicios y el papel de las EPS durante el nuevo cuatrienio.

Desde Sectorial se interpreta que la fragmentación de la Comisión Séptima, sin una bancada que supere el 28,6 % de sus curules, reduce la probabilidad de que una futura reforma a la salud avance sin cambios sustanciales, ya que su aprobación dependerá de coaliciones que aún deben construirse entre bancadas con posiciones históricamente distantes frente al modelo de salud. La llegada de una presidencia del Centro Democrático, colectividad que ha mantenido una postura crítica frente a la transformación de las EPS en gestoras de salud, sugiere un escrutinio más estricto sobre la viabilidad fiscal de cualquier proyecto que se radique en los próximos meses. Para las EPS, IPS y demás actores del sistema, el reto no será únicamente político: el desequilibrio entre el crecimiento del gasto (12,4 %) y de los ingresos (8,4 %) del sistema, junto con una dependencia del 91,0 % de los recursos de la Nación, seguirá presionando el flujo de caja del sector, sin importar qué proyecto se discuta en el Congreso. La composición de la comisión funciona, por tanto, como un indicador temprano del apetito de riesgo regulatorio que enfrentarán aseguradores y prestadores durante los próximos cuatro años.

Para monitorear cómo la nueva correlación de fuerzas en el Congreso puede incidir en el marco regulatorio, la sostenibilidad financiera y el riesgo de inversión del sector salud, consulte el Índice de Desempeño Sectorial de Sectorial.co.

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