El agente interventor de Nueva EPS, Roberto Solano Navarra, solicitó retirarse del cargo a pocas semanas de haberlo asumido, en medio de la presión que generan las órdenes de arresto por incumplimiento de tutelas. La salida abre un nuevo capítulo de incertidumbre en una entidad con cerca de 11,4 millones de afiliados que, desde abril de 2024, opera bajo intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) y que, según el propio Solano, registra pérdidas de entre $300.000 millones y $350.000 millones cada mes.
Solano fue designado mediante la Resolución 2026320030008580-6 del 18 de agosto de 2026 y llegó como el sexto interventor de la aseguradora en dos años y el primero del gobierno de Abelardo de la Espriella. La intervención está vigente hasta el 10 de abril de 2027, y la resolución le exigía presentar en el primer mes un diagnóstico y un plan de trabajo.
Según La FM, que divulgó la solicitud de retiro el 17 de octubre de 2026, el interventor pidió dejar el cargo por la presión de las órdenes de arresto derivadas de desacatos a tutelas, que, de acuerdo con el medio, ya estarían listas desde antes de su llegada. La FM señala además que hasta ahora no se ha anunciado quién lo reemplazará y plantea la duda sobre si se trata de una decisión voluntaria o de una salida forzada. El medio recuerda que la entidad acumula pasivos superiores a $22,0 billones y deudas con la red de prestadores por $13,2 billones, cifras en línea con los estados financieros de 2024 que la EPS entregó a la Supersalud, pérdidas de $4,8 billones, pasivos por $22,5 billones y patrimonio negativo de $11,9 billones. En el conjunto del sector, las EPS cerraron 2025 con deudas por $58,0 billones, 26,5% más que un año antes, según la Contraloría General de la República.
¿Qué sigue para Nueva EPS? El reemplazo deberá ser designado por la Supersalud, mientras la intervención continúa. El Gobierno ha descartado por ahora una liquidación: la ministra de Salud, Ana María Vesga, afirmó que no está prevista, que será necesario reducir el número de afiliados y que no se descarta una capitalización, mientras que el Ejecutivo ha dicho que las EPS no viables serán liquidadas de forma ordenada. Solano estimó en septiembre que se requerirían cerca de $20,0 billones para sanear la entidad y reportó que unos 200.000 afiliados ya se habían trasladado. En el frente judicial, la Corte Suprema de Justicia ordenó el 21 de julio un plan de 60 días para cumplir las tutelas, tras reconocer una falla estructural y registrar sanciones de 3.853 días de arresto y $9.131 millones en multas contra un exgerente regional, y la Procuraduría contabiliza en promedio 7.200 tutelas y 3.600 incidentes de desacato al mes.
Desde Sectorial, consideramos que el retiro muestra que el principal cuello de botella de Nueva EPS no es solo financiero, sino también de gobernabilidad y continuidad. Con seis interventores en dos años, cada relevo obliga a retomar el diagnóstico y el plan de trabajo, justo cuando la resolución fijó un mes para presentarlos. Las cifras dimensionan el reto: con pérdidas mensuales de entre $300.000 millones y $350.000 millones, el déficit anualizado estaría entre $3,6 billones y $4,2 billones, un rango comparable con la pérdida de $4,8 billones de 2024 y con un patrimonio negativo que exige capital fresco, no solo mejor gestión.
Que la Nación posea 50,8% del capital, según el interventor saliente, evita una causal de insolvencia por su naturaleza de economía mixta y deja abierta la vía de una capitalización pública. Para el sistema, el riesgo es doble: prestadores con una mora promedio de 161 días y cerca de 11,4 millones de afiliados cuya atención depende de un operador sin estabilidad directiva. Desde Sectorial, consideramos que el nombramiento del reemplazo y la definición de la ruta de capitalización serán las señales más relevantes en las próximas semanas.
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Fuentes:
La FM (17 oct. 2026): Nueva EPS, retiro del agente interventor Roberto Solano Navarra
