En el Congreso avanza un debate que, aunque no grava directamente a las tiendas de barrio, sí las golpea: la posible eliminación del “impuesto saludable”, el gravamen creado por el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022 que entró en vigor en noviembre de 2023 sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, con una tarifa progresiva que pasó de 10,0% en 2023 a 15,0% en 2024 y 20,0% en 2025. Los representantes Daniel Briceño (Centro Democrático) y Carol Borda (Salvación Nacional) radicaron un proyecto de ley para derogarlo, argumentando que, tras casi tres años de aplicación, no ha logrado modificar los hábitos de consumo de los colombianos y sí ha encarecido productos de la canasta básica que se venden principalmente en el canal tradicional.
La iniciativa ya cuenta con el respaldo de Fenalco, gremio que reportó que las tiendas de barrio han registrado una caída en ventas del 25,4% y una reducción de márgenes de utilidad del 47,3% desde la entrada en vigor del impuesto, con un impacto económico sobre el 67,0% de los pequeños establecimientos, que en un 94,0% se ubican en los estratos 1 a 4. El diario Portafolio señaló que el recaudo del gravamen pasó de $2,88 billones en 2024, de los cuales $2,39 billones corresponden a ultraprocesados y $489.000 millones a bebidas azucaradas, a $1,67 billones en el primer semestre de 2025 según La República, para acumular $1,9 billones en lo corrido de 2026 y un total cercano a $4,8 billones desde su creación.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que estos “mayores precios se trasladan al consumidor y golpean su capacidad de compra”, en un contexto en el que la inflación de alimentos se ubicó en 5,07% en 2025, mientras que rubros como panadería subieron 10,7% y las golosinas llegaron a subir hasta ocho veces la inflación de alimentos. Según Infobae, de aprobarse el proyecto, los tenderos esperan que bajen de precio específicamente las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados como gaseosas, jugos, pasabocas y snacks, categorías de alta rotación en el canal tradicional.
No todos los actores del debate coinciden con la eliminación. La Asociación Colombiana de Epidemiología (Asocepic) advirtió que derogar la medida a los dos años de implementada sería una decisión prematura, pues los efectos en salud pública tardan más tiempo en consolidarse, y citó el caso de Chile, donde impuestos similares redujeron en 8,3% la compra de calorías y en 20,0% la de azúcar. Una alianza conformada por la Universidad Nacional, FIAN Colombia y RedPaPaz defendió las medidas de alimentación saludable citando el Análisis de Impacto Normativo que el Ministerio de Salud realizó en 2020 sobre la política de etiquetado frontal no sobre el impuesto saludable: dicho análisis estimó los costos de implementación del etiquetado en $697.758 millones, frente a beneficios en salud y ahorros calculados en $2.787.180 millones.
El Espectador recogió además evidencia internacional: la Organización Mundial de la Salud califica estos gravámenes como “una de las herramientas más efectivas” contra la obesidad y la diabetes tipo; un estudio en el Reino Unido registró una reducción de 4,8 gramos diarios de azúcares libres en niños y 10,9 gramos en adultos, y una investigación publicada en The Lancet Public Health proyecta evitar cerca de 212.000 muertes prematuras en Australia con un gravamen del 20,0%.
Para Sectorial, el debate expone una tensión real entre dos objetivos legítimos de política pública: la salud fiscal del canal tradicional, que ya enfrenta presión por el avance del hard discount, y la salud pública de la población que consume productos ultraprocesados. Para las tiendas de barrio, el problema no es el diseño del impuesto en sí, sino su efecto indirecto sobre el precio final de categorías con alta rotación, bebidas, snacks y panadería, en un canal con márgenes históricamente estrechos y baja capacidad de absorber sobrecostos.
Sin embargo, eliminar el gravamen sin evaluar primero su impacto en salud, como piden Asocepic y la academia, también implicaría renunciar a una fuente de recaudo cercana a los $2 billones anuales y a un instrumento que la evidencia internacional respalda como efectivo en el mediano plazo. Lo más probable es que el debate legislativo se extienda varios meses, dado que modificar un artículo de una reforma tributaria vigente requiere trámite en el Congreso, por lo que las tiendas de barrio seguirán operando bajo la estructura actual de precios y márgenes al menos durante el resto de este año.
¿Cómo identificar otras alertas y oportunidades para su sector? Consulte el Sistema de alertas y oportunidades de Sectorial y reciba un boletín para mapear oportunidades comerciales y prever alertas en los sectores en tiempo cercano.
También te puede interesar:
En Colombia hay 110.523 tiendas de barrio
Visitas a tiendas de barrio caen un 7,1 % ante auge del hard discount
Capacidad instalada 
Comparativo financiero de competidores 
Sistema de alertas y oportunidades 
Actualidad informativa 
Libro hoja de ruta empresarial 
Caracterización atenciones en salud 
Radar de inversiones