A nivel nacional, 5 de cada 10 colombianos pueden acceder hoy a un servicio de atención domiciliaria, proporción que cae a 1 de cada 20 en zonas rurales. Así lo confirmó el Observatorio Colombiano de Atención Domiciliaria (OCAD), creado por la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria (ACISD), en el IV Congreso Internacional de Atención Domiciliaria, celebrado el 17 y 18 de septiembre en Bogotá. La nota repasa la distribución territorial de la oferta, las presiones de costos, el proyecto de ley tarifario y sus implicaciones sectoriales.
Este modelo traslada al hogar servicios que suelen prestarse en clínicas y hospitales, lo que libera camas, alivia la congestión de urgencias y da continuidad a tratamientos prolongados. Su papel ganó relevancia tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó hospitales afectados en distintas regiones del país. En febrero, la senadora Ana Paola Agudelo había estimado ante El Nuevo Día que más de 300.000 pacientes dependen de estos servicios.
Los costos del sector también cambiaron en 2026: el salario mínimo subió más del 23 %, hasta $1.750.905; la jornada máxima bajó a 42 horas semanales desde el 15 de julio, y el recargo dominical pasó a 90,0% desde el 1 de julio, por la Ley 2466 de 2025. Según Bancolombia, el efecto combinado eleva el salario mínimo por hora en 27,8%, un golpe directo para una actividad intensiva en mano de obra.
Según el Reporte Técnico del OCAD, elaborado con la Cuarta Encuesta Nacional de Atención Domiciliaria aplicada a 50 instituciones prestadoras, la oferta se concentra en Bogotá D.C., que reúne cerca de 1.000 servicios y sedes, seguida por Santander, Valle del Cauca y Antioquia. En el otro extremo, los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía tienen una oferta casi nula. A nivel nacional, la extensión hospitalaria para pacientes estabilizados y la atención de enfermos crónicos suman el 58,0% de los servicios domiciliarios del país, dos necesidades centrales del sistema.
En el mismo Congreso, la senadora Agudelo, vicepresidenta de la Comisión Séptima del Senado, presentó un borrador de proyecto de ley, construido con el sector, para actualizar técnicamente las tarifas de los servicios extramurales. De acuerdo con ACISD, la iniciativa responde a la brecha entre lo que cuesta operar un servicio domiciliario y lo que se reconoce en los contratos, ampliada por los cambios salariales y la reforma laboral de 2025, en un sector que se sostiene con 50.000 cuidadores formales. El proyecto aún no ha sido radicado ante el Congreso y quedó abierto a observaciones.
Desde Sectorial consideramos que los resultados del OCAD confirman que la atención domiciliaria ya opera como un mecanismo de alivio para los hospitales: que el 58,0% de la oferta se concentre en extensión hospitalaria y pacientes crónicos indica que el modelo absorbe demanda que, de otro modo, presionaría camas y urgencias. Sin embargo, un acceso de 5,0% en zonas rurales y una oferta casi nula en la Amazonía y la Orinoquía muestran que la expansión depende de la rentabilidad de operar en territorios dispersos y alejados, con mayores costos de desplazamiento y de personal.
Con un costo laboral por hora en aumento y tarifas rezagadas, el principal riesgo es una contracción de la oferta de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) domiciliarias justo cuando la red pública se recupera del sismo. Las variables para vigilar son el trámite del proyecto de ley en el Congreso, la inclusión explícita del servicio en los PBS y la liquidez de los prestadores frente a sus pagadores.
Los usuarios interesados en dimensionar los riesgos financieros, laborales y regulatorios del modelo de atención domiciliaria y los prestadores del sector de Salud y Healthtech pueden consultar el Índice de Desempeño Sectorial y acceder a los análisis especializado en salud de Sectorial.
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