La construcción de edificaciones en Colombia permanece 23,0% real por debajo de los niveles previos a la pandemia, una brecha que el economista jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia, describió como el principal rezago de la inversión nacional durante su ponencia en el Seminario de Actividad Edificadora de Camacol Antioquia. El analista recordó que las iniciaciones de vivienda de interés social completan más de cuatro años consecutivos de caída y que la inversión total del país retrocedió alrededor de cuatro puntos del PIB, equivalentes a cerca de $80 billones, con un impacto directo sobre la actividad edificadora.
Según su diagnóstico, el origen del estancamiento económico no fue un choque de demanda, sino la incertidumbre regulatoria: señaló que la infraestructura empezó a frenarse cuando se congelaron los peajes en enero de 2023, un cambio en las reglas del juego que, a su juicio, se replicó en energía, petróleo, minería y agricultura. “Ahí es donde está la gran oportunidad”, afirmó, al advertir que una base de comparación tan baja debería facilitar el rebote si se generan las condiciones adecuadas. Velandia sustentó su expectativa de recuperación en tres indicadores.
El primero es la encuesta mensual del Banco de la República a empresarios sobre expectativas de inversión a 12 meses, que mostró un salto pronunciado tras la segunda vuelta presidencial; el segundo, el índice de incertidumbre sobre la política económica, que cayó con fuerza durante el periodo electoral; y el tercero, unos términos de intercambio cercanos a máximos históricos por los altos precios del petróleo, que elevan los ingresos que entran al país principalmente a través de Ecopetrol. A ellos sumó la reconstrucción posterior al terremoto: explicó que un sismo destruye stock, que no entra en el PIB, mientras que la inversión, las transferencias y el gasto posteriores son flujo y sí lo impulsan, con rebotes marcados como los observados en Colombia en 1999 y en Chile en 2010. Con esos elementos, Credicorp Capital proyecta un crecimiento económico de 2,6% en 2026, de 2,2% en 2027 y cercano a 3,0% desde 2028.
El principal contrapeso está en las cuentas públicas: el déficit fiscal cerrará 2026 en 7,2% del PIB, mientras que el Marco Fiscal de Mediano Plazo, publicado en junio por la administración saliente, proyectaba una reducción a 4,5% para 2027. Sin embargo, esa meta carecía de credibilidad en los mercados, pues implicaba una reforma tributaria equivalente a dos puntos del PIB y un recorte del gasto por otros dos puntos adicionales. El nuevo Gobierno estimó que, sin medidas, el desbalance llegaría a 9,4% del PIB, por lo que plantea un ajuste del gasto público equivalente a 2,2 puntos del PIB para sostener el déficit de 2027 en el mismo 7,2% de este año. Entre las fuentes de ahorro mencionó los subsidios (recordó que la pobreza en Colombia es de 25,0% mientras el subsidio a la energía eléctrica cubre al 80,0% de los hogares), el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles con foco en el diésel y el recorte de la contratación estatal, que según sus cálculos explicaría la pérdida de cerca de 300.000 empleos públicos en un solo mes.
Desde Sectorial, consideramos que el punto crítico es la secuencia. La edificación es el eslabón de la inversión más sensible a dos variables que hoy se mueven en sentido contrario: la confianza empresarial, que mejora, y el costo del crédito, que no cede. El Banco de la República llevó su tasa de intervención a 12,25% a finales de septiembre y la inflación anual se ubicó en 6,29% en el mismo mes, un entorno que encarece el crédito hipotecario y el constructor justo cuando el sector necesita reactivar iniciaciones. A ello se suma que el ajuste fiscal anunciado recae sobre gasto e inversión, con recortes previstos en varios sectores del presupuesto de 2027. El riesgo para la cadena edificadora es que la recuperación de la inversión privada llegue antes de que se definan los subsidios a la demanda de vivienda y el financiamiento de la reconstrucción.
Siga el pulso de la actividad edificadora y del ajuste fiscal con el Índice de Desempeño Sectorial, los Informes Sectoriales de Construcción de Obras Residenciales y Civiles y los Foros Sectoriales de Sectorial, donde se analizan los efectos del presupuesto de 2027 sobre la inversión y la demanda de vivienda.
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