El Consejo de Estado suspendió de forma provisional la prórroga del régimen de pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, que permite retirarse desde los 55 años con una cotización de 26,0%. La decisión, del 21 de octubre de 2026, es una medida cautelar (una orden temporal mientras se resuelve el caso) dentro de la demanda con la que la ANDI pidió anular el Decreto 1435 de 2025. A continuación, se presentan el origen del régimen, los argumentos de la demanda y el alcance de la decisión.
El régimen nació con el Decreto Ley 2090 de 2003 y cubre siete actividades: minería subterránea, exposición a altas temperaturas, radiaciones ionizantes o sustancias cancerígenas, control de tránsito aéreo, extinción de incendios y custodia de internos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según Gerencie, exige 55 años y al menos 700 semanas especiales, dentro de las 1.300 (hombres) o 1.250 (mujeres) del sistema general en 2026. La edad baja un año por cada 60 semanas adicionales, hasta un mínimo de 50.
El sobrecosto recae casi todo en el empleador. Según Gerencie, la cotización especial suma 10 puntos a la general, todos a cargo de la empresa: del 26,0%, el empleador paga 22,0% y el trabajador 4,0%. Además, la lista de actividades es cerrada y exige que el trabajador esté expuesto de forma efectiva al riesgo; no basta con que la empresa esté clasificada como de alto riesgo.
El artículo 8 de esa norma limitó el beneficio a los vinculados hasta el 31 de diciembre de 2014, plazo ampliable hasta por 10 años con concepto previo del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. El Decreto 2655 de 2014 lo extendió hasta el 31 de diciembre de 2024; desde entonces, los nuevos trabajadores debían afiliarse al Sistema General de Pensiones y los ya vinculados conservaban el régimen. De acuerdo con SafetYA, la Resolución 6072 de 2024 dejó como opcional para el empleador el pago del beneficio a quienes ingresaron desde 2025.
El Decreto 1435, expedido por el Ministerio del Trabajo el 24 de diciembre de 2025, prorrogó “de manera excepcional” el régimen y lo extendió a esos trabajadores “con independencia de la fecha de su vinculación laboral”. La ANDI demandó parte de su artículo 1 (proceso 0752-2026): según el gremio, el decreto reguló un asunto que, por el artículo 48 de la Constitución, solo puede definir el Congreso, y el Gobierno se excedió en sus facultades al revivir un régimen ya vencido.
Agrega que el plazo de 10 años para prorrogar el régimen ya se había usado con el Decreto 2655 de 2014, y que el nuevo llegó casi un año tarde, límite que la Corte Constitucional avaló en la sentencia C-651 de 2015. También sostiene que el decreto se justificó con razones que no se ajustan a la realidad: se apoyó en un estudio de 2014, mientras uno de la Universidad Nacional de 2022 halló que estos trabajadores se enferman en proporciones similares al resto de la población.
La suspensión es temporal y no define si el decreto es legal; eso lo decidirá el fallo final del Consejo de Estado. Mientras tanto, las partes suspendidas no se aplican. La medida no afecta a quienes se vincularon antes del 31 de diciembre de 2024, aunque los empleadores quedan atados al resultado final. La ANDI recordó que la Ley 2381 de 2024 no reguló el tema y que tres proyectos de ley del Senado (071 de 2022, 163 de 2023 y 186 de 2025) siguen sin aprobarse.
Desde Sectorial se considera que la decisión reduce, por ahora, el costo laboral de las contrataciones hechas desde 2025 en minería subterránea, industrias expuestas a calor o a sustancias cancerígenas, aviación y bomberos: para esos trabajadores, la cotización vuelve a 16,0%, frente a 26,0% del régimen especial. La incertidumbre sigue abierta, porque un fallo favorable al decreto obligaría a liquidar diferencias. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), citada en la demanda, Polonia, Hungría y Bélgica migraron hacia la prevención, un frente que favorece a las administradoras de riesgos laborales.
Para medir el peso de las cargas laborales y pensionales en cada actividad y anticipar cambios regulatorios, Sectorial ofrece un análisis de mercado por sector, junto con la Matriz de empleo sectorial y el Sistema de alertas y oportunidades, que reúnen datos de ocupación, costos y riesgos para planear contrataciones, inversiones y expansión.
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