¿Puede un solo desahucio adelantar unas elecciones generales? En la crisis de vivienda en España, casi.
El 23 de septiembre de 2026, Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada del piso de Madrid donde vivía desde 1956. Seis días después, el Gobierno aprobó dos decretos de vivienda; el Congreso los tumbó el 2 de octubre, y el 5 de octubre Pedro Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, ocho meses antes del final de la legislatura.
Que hubo protestas y que el alquiler está caro ya lo contaron los noticieros. A continuación repasamos lo que no cuentan: cuánto cuesta de verdad alquilar, cuántas viviendas faltan, por qué la okupación pesa menos de lo que parece, quién sufre hoy los desahucios y qué parecido tiene todo esto con el mercado del arriendo en Colombia.
Doce días: del desahucio de Maricarmen al adelanto electoral
El desalojo de Maricarmen se ejecutó en el distrito de Retiro, en un piso de la socimi Urbagestión, después de varios intentos frustrados. Su caso se convirtió en el símbolo de la crisis: hubo una acampada en la Puerta del Sol y el 28 de septiembre sus representantes llegaron a un acuerdo con la propiedad para que pudiera volver a la vivienda. No llegó a hacerlo. Murió el 7 de octubre, tras pasar internada todo el tiempo desde el día del desahucio.
Entre medias, la política se movió deprisa. El 29 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos ley con una prórroga de dos años de los contratos de alquiler y protección frente a los desahucios de hogares vulnerables hasta 2030. El 2 de octubre el Congreso rechazó los dos: el primero por 178 votos en contra y 172 a favor, y el segundo por 184 en contra y 166 a favor.
Sin su política de vivienda y sin mayoría para sacarla adelante, Sánchez adelantó las elecciones. La legislatura podía agotarse hasta julio de 2027.
Quién tumbó los decretos, y por qué
Los decretos cayeron por una pinza de dos lados. En el primer voto se sumaron en contra el Partido Popular, Vox, Junts y UPN; en el segundo se añadieron el PNV y Coalición Canaria. La derecha argumentó que obligar a prorrogar contratos ahuyenta a los propietarios y reduce todavía más la oferta de pisos en alquiler; parte de los socios del Gobierno los consideró insuficientes o mal planteados.
Es el mismo dilema que atraviesa todo el debate: proteger al inquilino que ya tiene casa puede dejar sin casa al que la está buscando.
¿Cuánto cuesta alquilar una vivienda en España en 2026?
El alquiler medio en España llegó en julio de 2026 a 15,3 euros por metro cuadrado al mes, un máximo histórico y un 6,8 % más que un año antes, según idealista. Para un piso de 80 metros cuadrados eso son unos 1.224 euros al mes. En la ciudad de Madrid el metro cuadrado está en 23,2 euros, lo que pone el mismo piso por encima de los 1.850 euros.
Un matiz que cambia la lectura: desde julio, idealista excluye de su índice el alquiler de temporada y el vacacional. Y otro portal, Fotocasa, midió en el mismo mes una caída del 1,6 %, hasta 14,14 euros por metro cuadrado. La dirección exacta depende del índice; el nivel, en todos, está en máximos.
El control de precios tampoco da una respuesta limpia. En junio, el alquiler en Barcelona, donde rigen los topes de la Ley de Vivienda, era un 3,9 % más barato que un año antes, mientras que en Madrid, sin topes, era un 7,6 % más caro. Pero en Barcelona también ha caído el número de contratos, y parte de los pisos se ha ido al alquiler de temporada, que escapa a la regulación.
El fondo del problema: faltan unas 750.000 viviendas
Detrás del precio hay una cuenta sencilla. Según el Banco de España, en 2025 se terminaron unas 92.000 viviendas mientras se formaban 240.000 hogares nuevos. Acumulado entre 2021 y 2025, el déficit ronda las 750.000 viviendas, y la mitad se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga.
Y va a peor. El propio Banco de España calcula que la brecha podría superar el millón de viviendas en 2028, y CaixaBank Research proyecta que alcanzará un máximo de unas 922.000 en 2029.
Frente a eso, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado en abril, moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior. Es mucho más dinero, pero ninguna ayuda construye por sí sola las viviendas que faltan: sin suelo, licencias y obra, el dinero termina en más demanda sobre la misma oferta.
¿Es la okupación el gran problema de la vivienda en España?
Las cifras dicen que no, al menos no el principal. Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 14.875 denuncias por ocupación ilegal de inmuebles, un 9,4 % menos que las 16.426 de 2024. Es más que las 10.084 de 2014, pero la tendencia reciente es a la baja. Cataluña concentra 5.913, cerca del 40 % del total.
En los juzgados la caída es mayor: según el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2026 entraron 460 juicios por ocupación ilegal de vivienda, un 22,3 % menos que un año antes. Esa estadística solo cuenta los casos en que el propietario es una persona, una entidad sin ánimo de lucro o un organismo con vivienda social.
Además, las denuncias mezclan dos delitos muy distintos: el allanamiento de morada, cuando alguien entra en una vivienda habitada, y la usurpación, que recae sobre todo en pisos vacíos, muchos de bancos y fondos. El Ministerio insiste en que los allanamientos son la minoría.
Tres de cada cuatro desahucios son por alquiler, no por hipoteca
El dato que más cambia la conversación está en los juzgados. En 2025 se ejecutaron en España 25.540 lanzamientos, el nombre técnico de los desahucios, un 11 % menos que en 2024, según el CGPJ. Son unos 70 al día.
De ellos, 18.317, el 71,7 %, vinieron de impagos de alquiler, y 4.346, el 17 %, de ejecuciones hipotecarias. Cataluña, con 6.814, sumó el 26,6 % del total. Dicho de otro modo: en la crisis de 2008 el perfil del desahuciado era el propietario que no podía pagar la hipoteca; hoy es el inquilino que no puede pagar la renta.
Comparar las 14.875 denuncias por okupación con los 25.540 desahucios tiene trampa, porque unas son denuncias ante la policía y otros son órdenes judiciales ya ejecutadas. Pero el orden de magnitud deja clara una cosa: en España hay muchos más inquilinos que pierden su casa que propietarios que pierden la suya a manos de okupas.
Y hay una señal que vigilar: las ejecuciones hipotecarias iniciadas crecieron un 35,6 % en 2025. Son procesos que tardan en convertirse en desahucios, así que el descenso de los lanzamientos podría no durar.
Qué piden las protestas y qué dicen las encuestas
El sábado 3 de octubre, al día siguiente del rechazo de los decretos, hubo marchas en más de cincuenta ciudades bajo el lema «Hacia la huelga general». En Madrid, la Delegación del Gobierno contó unos 70.000 asistentes y el Sindicato de Inquilinas, uno de los convocantes, 500.000. Las organizaciones piden bajar los alquileres y presionan a los grandes sindicatos para convocar una huelga general, y anuncian que seguirán en la calle gane quien gane.
Las encuestas dibujan un Congreso difícil. El barómetro del CIS de septiembre daba al PSOE el 31 % de la estimación de voto y al PP el 25,5 %. Los sondeos privados lo ven al revés: SocioMétrica, para El Español, con entrevistas del 1 al 3 de octubre, daba 143 escaños al PP, 106 al PSOE y 62 a Vox. Entre PP y Vox sumarían 205, por encima de los 176 de la mayoría absoluta.
Sea cual sea el resultado, el próximo Gobierno heredará el mismo déficit de viviendas. Las urnas pueden cambiar las leyes de alquiler; no pueden construir 750.000 pisos.
¿Y Colombia? Más inquilinos que España, pero otras reglas
La comparación con Colombia es útil precisamente porque los dos países están en extremos opuestos. En España, según Eurostat, cerca de tres de cada cuatro hogares viven en una casa propia. En Colombia, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 del DANE, el 40,8 % de los hogares vive en arriendo o subarriendo, más que el 34,8 % que es propietario de su vivienda.
Colombia ya tiene, además, lo que en España se discute: un tope legal. La Ley 820 de 2003 establece que el canon mensual no puede superar el 1 % del valor comercial del inmueble y que el reajuste anual no puede pasar del IPC del año anterior. Eso da previsibilidad a los dos lados del contrato, pero ata el arriendo a la inflación: cuando el IPC se dispara, el golpe llega a los inquilinos al año siguiente.
El déficit también existe aquí, aunque es de otra naturaleza. Según el DANE, en 2025 el 25,6 % de los hogares, unos 4,81 millones, estaba en déficit habitacional, la cifra más baja en seis años. La mayor parte no es por falta de vivienda sino por su calidad: hacinamiento, materiales o servicios públicos. La producción tampoco acompaña: los subsidios locales de vivienda ejecutan el 34,9 % de su meta y la construcción de edificaciones opera por debajo de sus niveles previos.
Lo que enseña España
La lección española no es que haya que proteger menos a los inquilinos ni que el mercado se arregle solo. Es que el problema de fondo es de oferta. Los topes de precio, las prórrogas y las moratorias alivian a quien ya tiene contrato, pero si no hay más viviendas, el resultado es menos pisos en alquiler formal, más contratos de temporada y precios más altos para quien llega nuevo, que suele ser el más joven o el más pobre.
Para Colombia, que tiene más hogares en arriendo que en vivienda propia, la conclusión es la misma: la regulación funciona mejor cuando acompaña a una producción constante de vivienda, con suelo disponible, licencias ágiles y reglas estables para quien construye y para quien alquila.
Si su empresa invierte, financia o construye vivienda, puede seguir el sector en nuestra sección de construcción de obras inmobiliarias y en el Informe Construcción Inmobiliaria de Sectorial, con datos de producción, precios y empresas del sector en Colombia.
