¿Qué ocurre cuando la economía de un país se abre a toda velocidad mientras su política se queda exactamente dónde estaba? El 28 de agosto de 2026, Donald Trump anunció lo que llamó el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, con un control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas, con una inversión prevista de hasta 100.000 millones de dólares. Ese mismo país pasó de producir 924.000 barriles diarios en enero a rondar el 1.200.000 en julio, y su gobierno abrió la reestructuración de una deuda externa que distintas estimaciones ubican entre 150.000 y 170.000 millones de dólares. Todo eso ocurrió sin que exista, hasta hoy, una fecha de elecciones.
Esa asimetría tiene nombre. James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela entre 2020 y 2023, y antes responsable de la oficina antinarcóticos de Washington en Bogotá, la resumió ante los empresarios reunidos en el Congreso Empresarial Colombiano (CEC) en Cartagena con tres palabras: normalización sin transición. En este análisis vamos a ver qué tan grande es realmente la oportunidad venezolana para Colombia, por qué el riesgo institucional puede volver frágil cualquier contrato, cómo se cruza todo esto con un arancel del 12,5% en Estados Unidos, y por qué la decisión más importante quizás no esté en manos de ningún gobierno.
El país que cambió de gobierno sin cambiar de sistema
El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense en Caracas terminó con la captura de Nicolás Maduro. Dos días después, el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, como presidenta encargada, sin fijar un plazo para el ejercicio del cargo. Lo que vino después fue una liberalización acelerada. El 29 de enero, el Parlamento aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada extranjera. En marzo, Washington emitió una licencia general que amplió las operaciones con PDVSA. En abril, el Banco Mundial reanudó relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019. Y la producción respondió: la cifra oficial de julio bordea los 1,2 millones de barriles diarios, aunque conviene decirlo con precisión, porque las fuentes secundarias del mismo informe de la OPEP la ubican en 1.12 millones. Las exportaciones de agosto cerraron en 1.17 millones de barriles diarios.
El acuerdo petrolero que redefine la ecuación
El anuncio del 28 de agosto cambió la escala del asunto. Según la ficha informativa de la Casa Blanca, el acuerdo fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y se articula alrededor de un consorcio llamado North American Blue Energy Partners (NABEP) que invertiría hasta 100.000 millones de dólares y pagaría unos 200.000 millones en regalías e impuestos durante los primeros veinticinco años. La letra pequeña importa, ya que la mayoría del directorio debe ser de nacionalidad estadounidense y Estados Unidos tendrá poder de veto sobre esos nombramientos. Trump lo formuló sin ambigüedad al decir que ese crudo va para las refinerías estadounidenses. Y aquí aparece el punto que va a marcar los próximos años, ya que los detalles todavía no se conocen y el valor del acuerdo depende de la evolución política venezolana, porque un contrato de veinticinco años firmado con un gobierno sin origen electoral es, por definición, un contrato sujeto a revisión futura.
La ventana colombiana: cifras reales, no promesas
Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera y llegaron a mover cerca de 7.000 millones de dólares en comercio bilateral en 2008. Después vino el desplome: 222 millones en 2020, 741 millones en 2022, 1.124 millones en 2024 y aproximadamente 1.170 millones en 2025, con exportaciones colombianas por más de 1.071 millones. Para 2026 los gremios proyectan 1.600 millones, aunque el primer trimestre ya mostró que la recuperación no será lineal, ya que el intercambio cayó 8,4%. Y el mercado del otro lado sigue siendo difícil, la inflación interanual del 544%, la industria operando al 48,4% de su capacidad instalada y los cortes eléctricos de cuarenta horas semanales, aunque el 68% de los empresarios venezolanos dice que planea invertir. La ventaja colombiana es geográfica, hay cerca de 850 kilómetros por carretera entre Cúcuta y Caracas, unas catorce horas de viaje.
Normalización sin transición
El contraste está en el calendario político. El primer ciclo de negociaciones entre el chavismo y un sector de la oposición se instaló el 6 de agosto en Caracas bajo tutela del Departamento de Estado, y cerró el 12 de agosto con dos acuerdos, usar activos internacionales para atender la emergencia por los terremotos y emprender una renovación completa del Tribunal Supremo. Lo que quedó por fuera es justamente lo decisivo, el tema electoral y los presos políticos no entraron en los acuerdos de esa primera ronda. La delegación opositora la encabeza Dinorah Figuera y está integrada únicamente por legisladores de Voluntad Popular y Primero Justicia de la Asamblea Nacional elegida en 2015; ni María Corina Machado, Nobel de Paz 2025, ni Edmundo González participan. La segunda ronda está prevista a partir del 15 de septiembre, y la meta declarada es tener un nuevo Consejo Nacional Electoral antes de diciembre. Mientras tanto, no hay cronograma de elecciones. La apertura económica avanza; el motor democrático no ha arrancado.
El riesgo institucional: por qué el capital grande espera
Conviene detenerse en un término que va a aparecer mucho en los próximos meses. El riesgo institucional no es el riesgo de que a una empresa le vaya mal en el mercado, es el riesgo de que las reglas cambien, o de que, existiendo en el papel, nadie las haga cumplir. Se mide en cosas concretas, si un tribunal es independiente, si un contrato se puede ejecutar cuando la contraparte incumple, si un regulador responde a criterios técnicos o políticos. Cuando ese riesgo es alto, ocurre algo que los banqueros llaman de-risking: las entidades financieras no esperan a que haya un problema, simplemente reducen su exposición y se retiran. Hay incluso un obstáculo previo, más básico, el Banco Central lleva años sin publicar estadísticas confiables, y sin información seria no hay negociación confiable. Sin instituciones que funcionen y sin la certeza de que el contrato se respeta, esos contratos no valen lo que dice el papel.
La deuda y el desastre: dos pisos que faltan
El otro límite es financiero. Venezuela está en cesación de pagos desde 2017 y acumula cerca de 60.000 millones de dólares en bonos impagados, más préstamos bilaterales y laudos por expropiaciones: 8.700 millones a favor de ConocoPhillips en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 1.600 millones de ExxonMobil y 1.386 millones de Crystallex. La licencia estadounidense que habilita la reestructuración todavía no autoriza negociar directamente con los acreedores. Y encima llegó el desastre: los dos terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5 con treinta y nueve segundos de diferencia, dejaron daños físicos directos estimados por el Banco Mundial en 19.600 millones de dólares, cerca del 18% del PIB, con una reconstrucción que seguiría incompleta dentro de diez años. Y volver al crédito internacional no es asunto de meses.
El segundo frente: Estados Unidos, el arancel y el Congreso
Y aquí entra el frente que toca a Colombia de manera directa. Desde el 24 de julio, buena parte de los productos colombianos que entran a Estados Unidos pagan un arancel adicional del 12,5%, en reemplazo del recargo del 10% vigente desde febrero. Salió de una investigación bajo la Sección 301 sobre controles al trabajo forzoso e incluyó a Colombia en un grupo de 38 economías; los países que sí adoptaron y aplican una prohibición se quedaron en 10%. El golpe es selectivo: el café, el petróleo, el oro, el banano y el cacao quedaron excluidos, mientras las flores frescas cortadas, las confecciones y las manufacturas cargan con casi todo. Solo el sector floricultor expone 1.899,8 millones de dólares, casi el 43% del total afectado, justo donde Ecuador es el competidor directo. El nuevo gobierno respondió con un borrador de decreto para prohibir la importación de bienes hechos con trabajo forzoso, porque la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) fue explícita, un proyecto publicado no basta, hay que aplicarlo. Pero hay un detalle estructural: en Estados Unidos el comercio no depende solo del presidente. Depende del Congreso. Una Casa Blanca amiga es valiosa y es temporal.
Designaciones terroristas: el riesgo que se subestima
Existe un canal de contagio menos visible y más costoso. En diciembre, Estados Unidos designó al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera, el cuarto grupo colombiano en esa lista después del ELN y de dos disidencias de las FARC. En mayo hizo lo mismo con el primer comando capital y el Comando Vermelho en Brasil. El efecto no recae solo sobre los grupos, recae sobre el sistema financiero que los rodea. Los bancos brasileños tuvieron que rehacer sus programas de cumplimiento y buscar asesoría en México, porque cruzar listas dejó de ser suficiente. Cuando un banco local queda bajo sospecha, su corresponsal estadounidense evalúa si vale la pena mantener la relación, y muchas veces la respuesta es cerrarla. Ahí aparece la consecuencia geopolítica, una empresa o un país que pierde acceso al sistema financiero estadounidense no deja de operar, sino que busca otro sistema. Y hoy ese otro sistema está en China.
Flexibilidad estratégica: la política que no puede cambiar cada cuatro años
El diagnóstico de fondo es más amplio. La politóloga Sandra Borda planteó en el congreso de la ANDI en Cartagena que no estamos ante un sistema internacional ya definido, sino ante una transición cuyo punto de llegada nadie conoce, más parecida a la de finales del siglo 19 que a la Guerra Fría. En un escenario así, las apuestas incondicionales y rígidas no aumentan el poder de negociación, lo reducen. Lo que sirve es flexibilidad estratégica, y su opuesto es una política exterior gobernada por la ideología. De ahí una idea que ordena todo lo demás, a diferencia de los gobiernos, el sector privado no cambia cada cuatro años, y por eso puede sostener intereses internacionales de largo plazo.
Y hay un precedente colombiano. La Misión de Política Exterior de 2009, que Borda integró, identificó la biodiversidad como activo estratégico del país y propuso reformular la relación con Venezuela justo cuando el vínculo con Caracas estaba roto. De ahí sale una propuesta concreta, convertir la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en una junta directiva real de la Cancillería y el Ministerio de Comercio, con empresarios, academia y sociedad civil definiendo el rumbo. Porque ninguna ventana, ni la venezolana ni la de Estados Unidos, se aprovecha improvisando cada cuatro años.
