Los sistemas de salud alrededor del mundo son deficitarios en términos financieros. La situación en Colombia se agravó desde 2022 al no corregir las fallas metodológicas en la estimación de la UPC y al intencionalmente no girar recursos correspondientes a presupuestos máximos.
La estatización del sector, la dependencia en la ADRES, la no posibilidad de mejorar el sistema bajo las bases construidas, la poca claridad en la atención para los pacientes, el reto de la transición y la injerencia de alcaldes y gobernadores; fueron las principales razones por la que el congreso consideró que la reforma a la salud no beneficiaría a los colombianos y hundió la propuesta el 3 de abril de 2024.
Ante el hundimiento de la reforma, el gobierno ha buscado implementarla “de golpe” generando la intervención forzosa de las EPS y de esta forma despejar de sus cargos a gerentes y juntas directivas para estatizar los recursos financieros. Actualmente se encuentran intervenidas Emssanar, Asmet Salud, Savia Salud, Famisanar, EPS Sanitas y Nueva EPS; quienes manejan el 51,2% de la caja del sistema.
Las consecuencias de las actuaciones gubernamentales conllevarán a un hueco financiero acumulado para el sistema cercano a los $COP 15 billones y el inicio de una crisis social, a menos que intervengan y reviertan estas decisiones la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría.
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