La firma Sectorial construyó un análisis sobre la percepción de inseguridad en el país para determinar si su deterioro es reflejo de un problema es real y advertir su costo económico, el cual el BID y Fedesarrollo calcularon en el 3,6 % del PIB para 2022.
El informe destaca que, aunque entre 2022 y 2024 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se ha mantenido alrededor del 24 % (de hecho, cayó 1,4 %), todas las variables de inseguridad se han disparado en ese periodo con variaciones particularmente altas en trata de personas (72,4 %) y ataques terroristas (52 %).
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Más allá de la tasa de homicidios, el incremento en delitos como extorsión, hurto a comercio y robo de carga refleja un desplazamiento de la criminalidad hacia actividades económicas. Sectores como retail, logística y telecomunicaciones enfrentan presiones crecientes. Instituciones como la Policía Nacional y la Fiscalía han intensificado operativos, mientras que gremios empresariales como ANDI y Fenalco documentan impactos directos en costos operacionales y decisiones de inversión en territorios específicos.
El costo económico de la inseguridad trasciendo el 3,6% del PIB estimado por BID y Fedesarrollo implica mayores gastos en seguridad privada, seguros y mitigación de riesgos. Empresas multinacionales evalúan permanentemente su permanencia en regiones de alto riesgo, mientras pequeños y medianos empresarios absorben desproporcionadamente estos costos. La productividad laboral se ve afectada por movilidad restringida y la confianza consumidor impacta en sectores de consumo masivo y turismo.
