El sector asegurador colombiano encendió las alarmas ante el avance del artículo 37 del Proyecto de Ley 277-25S–058 24C, iniciativa legislativa que cursa actualmente su cuarto debate en el Congreso de la República y que crearía una nueva póliza obligatoria de Responsabilidad Civil Extracontractual asociada a la licencia de conducción. La propuesta, presentada por el senador Julio Elías Vidal del partido de la ‘U’, introduce un esquema de aseguramiento distinto al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), dado que la nueva obligación recaería sobre el documento de habilitación del conductor y no sobre el vehículo. La iniciativa afectaría a cerca de 13 millones de colombianos con licencia vigente según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), configurando un gravamen adicional para los hogares que ya soportan los costos del Soat, los impuestos vehiculares, la revisión técnico-mecánica y otros gastos asociados a la movilidad. La discusión adquirió alta visibilidad mediática tras la denuncia del representante electo Daniel Briceño, quien calificó la disposición como un “mico legislativo” introducido sin debate técnico previo en las etapas iniciales del trámite congresional.
Según el diario El Colombiano, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), liderada por su presidente Gustavo Morales Cobo, solicitó formalmente eliminar el artículo 37 del proyecto al considerar la medida inconveniente e inviable desde el punto de vista técnico. El gremio explicó que, aunque la propuesta busca fortalecer la seguridad vial, presenta problemas de fondo porque la obligación recaería sobre la licencia de conducción y no sobre el uso efectivo del vehículo. El riesgo asegurable, argumentó Fasecolda, surge del uso del automotor y de la circulación en las vías, no de la simple tenencia de un documento. Según los cálculos divulgados por el congresista electo Daniel Briceño, si la prima llegara a representar alrededor del 3,0% del valor asegurado, un motociclista podría pagar cerca de $367.000 anuales y un conductor de automóvil aproximadamente $786.000 anuales adicionales al costo del Soat, configurando un gasto agregado para los conductores colombianos que podría superar los $6,9 billones anuales. El gremio también advirtió que la propuesta desconoce los elementos técnicos y jurídicos exigidos por la nota técnica de la Superintendencia Financiera de Colombia para la comercialización de seguros, condición indispensable para validar la viabilidad financiera del producto en el mercado.
Las objeciones planteadas por Fasecolda se concentran en cuatro ejes técnicos centrales. En primer lugar, la asignación del riesgo sobre el documento y no sobre el conductor activo distorsiona la lógica del aseguramiento, dado que una persona con licencia vigente podría no manejar de manera habitual, no tener vehículo o incluso no conducir en absoluto, y aun así estaría obligada a adquirir la nueva póliza. En segundo lugar, la medida tendría un efecto regresivo sobre los hogares, ya que un mismo vehículo suele ser utilizado por varios miembros de una familia; bajo el nuevo esquema, cada conductor con licencia tendría que adquirir una póliza distinta para cubrir el mismo riesgo, multiplicando el gasto sin aumentar de manera equivalente la protección. En tercer lugar, el artículo fue incorporado sin discusión técnica previa con el sector asegurador ni consulta a las autoridades regulatorias competentes. Finalmente, el diseño actual podría afectar la viabilidad financiera del producto y trasladar mayores costos a los usuarios finales. El presidente de Fasecolda no cerró la puerta a un eventual seguro obligatorio de responsabilidad civil, pero condicionó su viabilidad a un proceso de diseño técnico estructurado desde el inicio del trámite legislativo, garantizando consistencia regulatoria y sostenibilidad actuarial del esquema.
Para Sectorial, la discusión sobre el artículo 37 evidencia las tensiones entre los objetivos de política pública en seguridad vial y los principios técnicos del aseguramiento financiero. La propuesta legislativa intenta abordar un problema real del país relacionado con la baja cobertura de responsabilidad civil de los conductores, pero su diseño actual genera distorsiones que podrían superar los beneficios esperados. El impacto agregado estimado en $6,9 billones anuales equivale aproximadamente al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, magnitud que justifica un análisis técnico exhaustivo antes de avanzar en la aprobación final. Para los hogares colombianos, especialmente aquellos pertenecientes a estratos medios y bajos donde el vehículo es una herramienta de trabajo, la combinación de SOAT más el nuevo seguro adicional configuraría una presión sobre el presupuesto familiar en un contexto de inflación persistente y desaceleración del consumo. Para el sector asegurador, la viabilidad comercial del producto dependerá críticamente de la corrección del diseño técnico, particularmente en lo relativo a la base actuarial del riesgo, la administración de las pólizas y la articulación con el Soat. Una reforma estructural del aseguramiento vial requiere consenso tripartito entre Gobierno, Congreso y sector privado.
Para conocer en mayor profundidad la dinámica del sector asegurador colombiano, los impactos regulatorios sobre las ramas de seguros obligatorios, así como las variables financieras, técnicas y comerciales que condicionan a las compañías de seguros, intermediarios y consumidores, consulte el Índice de Desempeño Sectorial especializado en seguros e insurtech. Conozca los indicadores clave que respaldan decisiones estratégicas para aseguradoras, reguladores y operadores de movilidad.
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