Según información contenida en el diario Portafolio, S&P Global Ratings ha decidido mantener la calificación crediticia de Colombia en BB+, aunque ha ajustado la perspectiva de estable a negativa, debido al crecimiento económico del país, el cual ha resultado ser inferior a las expectativas previas.
En relación con la calificación, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, afirmó que gracias a los planes de reactivación económica que el Gobierno está elaborando, se fortalecerá la posición crediticia del país y se seguirá manteniendo un rendimiento favorable en la política económica.
De acuerdo con la agencia evaluadora, el crecimiento en la economía colombiana por debajo de las expectativas podría constituir una amenaza que repercutiría negativamente en la inversión del sector privado.
En un informe, S&P Global Ratings afirma que “hay una confianza potencialmente débil y persistente de los inversionistas (que afecta la inversión del sector privado) puede representar riesgos para nuestras expectativas de que el crecimiento del PIB regrese a su tasa tendencial de poco más del 3 por ciento en los próximos dos años”.
Según la agencia de calificación, un crecimiento económico bajo podría señalar una resiliencia económica reducida y, en ausencia de medidas correctivas, a largo plazo podría dar lugar a un deterioro fiscal o a un aumento en las vulnerabilidades externas.
Aunque la perspectiva ha disminuido actualmente y la calificación se mantiene en BB+, no se descarta la posibilidad de una reducción en la calificación en los próximos dos años.
La calificadora de riesgos precisó que “también podríamos bajar la calificación si se produjeran déficits de cuenta corriente mayores de lo esperado, si empeora el ya débil perfil externo de Colombia o si un deslizamiento fiscal inesperado contribuye a unas finanzas públicas más débiles”.
A pesar de la calificación que genera inquietudes, la agencia de calificación destacó aspectos positivos, como la estabilidad en las instituciones y la democracia. También resaltó el enfoque pragmático del Gobierno en política económica, evidenciado en la implementación de la reforma tributaria en 2022. Además, se mencionó el aumento en los precios de la gasolina, que ha contribuido a reducir el costo fiscal de dicho subsidio, y el incremento previsto en las tarifas de peajes para 2024.
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