Los estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo acordaron un mecanismo ambiental para las importaciones industriales en Europa, aunque no se trata de un impuesto, el mecanismo se llama “impuesto al carbono en las fronteras” y se trata de que los industriales paguen por las emisiones de carbono vinculadas a la producción, como los criterios ambientales de la UE, donde compran sus derechos para contaminar.
El mecanismo será aplicado de manera progresiva a partir de octubre de 2023 y afectará principalmente las importaciones de los sectores considerados más contaminantes como el acero, el aluminio, el cemento, los fertilizantes, la electricidad o el hidrógeno. En la práctica, el importador deberá declarar las emisiones directamente vinculadas al proceso de producción y, si estas superan el límite europeo, comprar un “certificado de emisión” a los precios del CO2 en la UE. Si en el país exportador existe un mercado de carbono, solo deberá pagarse la diferencia.
