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Producción de cocaína se multiplicó por diez en una década

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La estructura de ingresos de la economía colombiana exhibe un cambio profundo en la composición de sus principales generadores de divisas. Un estudio elaborado por el Centro de Estudios e Incidencia Valor Público de la Universidad Eafit, con participación de la Universidad de los Andes, reveló que la participación de la economía de la cocaína dentro del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó un máximo histórico del 4,4% durante el 2024, lo que equivale a aproximadamente US$16.500 millones captados por las organizaciones criminales colombianas. Dicha cifra superó, por primera vez desde 2014, los ingresos generados por las exportaciones petroleras, que sumaron US$15.000 millones en el mismo periodo, así como las remesas del exterior, cuyo monto ascendió a US$11.848 millones.

El fenómeno obedece fundamentalmente a un incremento exponencial en los volúmenes de producción ilícita, los cuales se multiplicaron por diez en apenas una década, pasando de menos de 300 toneladas en 2013 a cerca de 3.000 toneladas al cierre de 2024, según las estimaciones académicas. Paralelamente, el área sembrada con coca experimentó un crecimiento del 427,0%, al pasar de 48.000 hectáreas en 2013 a 253.000 hectáreas en 2023, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

De acuerdo con el diario La República, la creciente relevancia del narcotráfico dentro de la economía responde tanto al aumento acelerado en la producción de cocaína como a la caída simultánea de los precios y la producción petrolera. Según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mientras en 2013 el país producía un millón de barriles diarios de crudo y registraba exportaciones por US$32.481 millones, en 2024 la producción promedio se ubicó en 772.600 barriles diarios con ventas externas por US$15.032 millones, configurando una reducción de 227.400 barriles diarios en una década. Adicionalmente, la cotización promedio del petróleo registró una caída cercana a US$30 por barril entre ambos años, descendiendo desde los US$108,6 hasta los US$79,8.

El informe de la Universidad Eafit también destaca que las organizaciones colombianas ya no se limitan a vender la mercancía en las costas o fronteras del país; actualmente conservan la propiedad de los cargamentos hasta puntos más avanzados de la cadena de distribución, lo cual les permite capturar un precio ponderado promedio de US$5.920 por kilogramo, una cifra significativamente superior al valor obtenido en la fase inicial de comercialización. En el caso de los envíos hacia Europa, donde operan como importadores y mayoristas, las ganancias resultan considerablemente mayores que en la ruta hacia Estados Unidos, donde los cárteles mexicanos intermedian una porción sustancial del negocio.

El contraste entre ambas economías plantea interrogantes estructurales sobre la dependencia fiscal y comercial del país. Mientras la renta petrolera del Gobierno ha representado cerca del 1,4% del PIB en los últimos años y ha contribuido en promedio con el 8,8% de los ingresos públicos, los recursos ilícitos no ingresan a las arcas estatales y, por el contrario, financian estructuras armadas que controlan territorios completos.

Según el estudio de la Universidad Eafit, la participación de la cocaína en la economía creció del 0,8% al 4,4% del PIB en una década, una expansión que ha resistido los esfuerzos estatales de erradicación y control. A diferencia de la minería ilegal de oro, cuyo valor se genera y permanece en su mayoría dentro del territorio nacional, la mayor parte de la riqueza asociada a la cocaína se materializa fuera de Colombia, en las etapas de transporte internacional y venta en los países de destino. Esta característica reduce el alcance de la acción institucional colombiana sobre el flujo financiero del negocio ilícito.

Análisis Sectorial

El cruce de las curvas de ingresos entre la cocaína y el petróleo constituye una señal crítica para la planificación económica del país. La declinación natural de los campos petroleros maduros, combinada con la ausencia de nuevos hallazgos de gran envergadura y un entorno regulatorio que ha desincentivado la exploración, configura un escenario en el que la brecha entre ambas economías podría ampliarse en los próximos años. Desde la perspectiva de la política pública, el dato resulta particularmente relevante porque evidencia la urgencia de diversificar la matriz exportadora y fortalecer los ingresos provenientes de actividades legales como la agroindustria, los servicios tecnológicos y las energías renovables. Para las empresas que operan en los sectores minero-energético y agrícola, comprender la dimensión del fenómeno ilícito resulta indispensable al momento de evaluar riesgos territoriales, presiones cambiarias y los efectos distorsionantes que inyectan los flujos de dinero irregular en las economías regionales.

Para obtener más información sobre cómo las dinámicas ilícitas y la transición energética impactan el panorama económico sectorial, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial. Acceda también a los Foros Sectoriales y a los Reportes EXIM para respaldar sus decisiones corporativas con datos verificados y análisis especializados.

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