Un mes después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional expidió una nueva tanda de decretos de emergencia para financiar la reconstrucción de los territorios afectados, con especial atención al sector salud. Según el Decreto 1389 de 2026, el Reporte Situacional No. 72 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 9 de septiembre, contabilizó 400 centros de salud afectados dentro de un balance que incluye 36.326 viviendas destruidas, 202.002 averiadas, 743 edificios colapsados, 4.313 centros educativos afectados, 331 fallecidos y 4.505 heridos en los 16 departamentos cobijados por el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Ante esa magnitud de daño y la estrechez fiscal de los municipios más pequeños, el Ejecutivo habilitó mecanismos financieros excepcionales para la recuperación de la infraestructura hospitalaria pública.
Según el Decreto 1383 del 9 de septiembre de 2026, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 495 municipios dentro del ámbito de la emergencia tienen derecho a recursos excedentes del Fondo de Pensiones y Cesantías de los Empleados Públicos Territoriales (FONPET) en salud, aunque su destinación legal no permitía invertirlos en infraestructura hospitalaria pública, facultad que hasta ahora solo tenían distritos y departamentos.
La norma amplía esa posibilidad a los municipios afectados, con acompañamiento técnico del Ministerio de Salud para evaluar la viabilidad de los proyectos, y otorga, por única vez y solo para 2026, un plazo de 30 días hábiles para presentar requisitos y de 45 para solicitar el retiro de recursos del FONPET destinados a la nómina de pensionados y a los excedentes de educación y propósito general, con el fin de liberar recursos propios para la emergencia.
Según cifras de la Dirección General de Apoyo Fiscal citadas en el decreto, las entidades afectadas presupuestaron inicialmente $590.036 millones en sus Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo para 2026, monto que ascendió a $982.646 millones hacia junio, con una fuerte disparidad: las entidades de categoría especial, primera y segunda concentran en promedio $15.433 millones cada una, frente a apenas $605 millones en las de categorías tercera a sexta.
En paralelo, el Decreto 1389 de 2026 creó una modalidad especial de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, que extiende temporalmente ese mecanismo tributario (limitado hasta ahora a municipios de Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) o los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) a la totalidad de los territorios golpeados por el sismo, con diez líneas de inversión elegibles, entre ellas salud pública e infraestructura de salud, y al menos 35,0% del cupo reservado para municipios de categorías quinta y sexta.
Según reportó Infobae, la medida hace parte de un paquete de once decretos firmados el 9 de septiembre, que también creó el “Fondo Milagro” y habilitó recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) para el sector eléctrico. El refuerzo llega después de que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) advirtiera, en carta enviada el 21 de agosto a la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, sobre la necesidad de proteger la continuidad de las instituciones prestadoras de servicios de salud en las zonas afectadas, cuando el sistema ya arrastraba una deuda farmacéutica de $4,75 billones y una rotación de cartera de 196 días.
Desde Sectorial se analiza que el Decreto 1383 cierra un vacío regulatorio relevante: hasta ahora, solo distritos y departamentos podían usar los excedentes de salud del FONPET para infraestructura hospitalaria, dejando a los 495 municipios elegibles sin una vía expedita para reparar su red asistencial pese a los 400 centros de salud reportados como afectados. Con todo, conviene moderar las expectativas sobre la velocidad de ejecución: el acceso sigue condicionado a la viabilidad técnica ante el Ministerio de Salud, y la disparidad fiscal documentada en el propio decreto sugiere que la capacidad real de estructurar proyectos seguirá siendo desigual entre territorios. Para el sector, el reto de fondo sigue siendo estructural: sostener la operación de la red pública mientras se define, en paralelo, el recorte cercano al 25,0% que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla para la inversión del Ministerio de Salud.
Puedes acceder a toda la información sobre el sistema de salud consultando el Índice de Desempeño Sectorial, que reúne las variables financieras, normativas y comerciales que condicionan la viabilidad del sector, así como acceder a la información más reciente con Actualidad informativa sectorial.
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