A partir del primero de febrero de 2026, los productos colombianos que ingresen a Ecuador deberán pagar una tasa de seguridad del 30,0 %, medida impuesta por el presidente Daniel Noboa ante lo que considera una falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Dicha barrera arancelaria impactará directamente a rubros estratégicos de la oferta exportable nacional, encareciendo bienes como la energía eléctrica, medicamentos de uso humano, vehículos, azúcares de caña y café sin tostar, los cuales perderán competitividad en el mercado vecino mientras se mantenga la tensión diplomática sobre la seguridad fronteriza.
Según Pulzo, Ecuador se consolida como el sexto destino de las ventas externas del país y el segundo mercado más relevante para los bienes no minero-energéticos. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones hacia esa nación sumaron US$1.673 millones, cifra que ya evidenciaba una contracción del 3,2 % frente al año anterior. La nueva restricción comercial se suma a los controles migratorios vigentes desde diciembre de 2025, que limitaron el tránsito terrestre a solo dos pasos habilitados, complicando aún más la logística en una frontera caracterizada por sus extensas zonas selváticas y fluviales.
El mandatario ecuatoriano justifica tal decisión señalando un déficit comercial superior a los US$1.000 millones anuales y la necesidad de recursos para combatir a los grupos criminales transnacionales. La medida permanecerá vigente de manera indefinida hasta que se concrete un compromiso conjunto y efectivo para erradicar las economías ilícitas en la región limítrofe, situación que pone en riesgo la estabilidad de un intercambio comercial vital para ambos países y afecta la cadena de suministro de insumos esenciales y alimentos.
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