El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) enfrenta un panorama financiero complejo, con proyecciones que estiman un déficit cercano a los $10,7 billones para el 2026. Semejante escenario responde a la falta de ajustes en las tarifas internas y a un entorno internacional marcado por el encarecimiento del crudo, impulsado por tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. Como consecuencia de tales conflictos, el barril de referencia Brent alcanzó valores cercanos a los 108 dólares, factor que, sumado a la depreciación de la moneda nacional, incrementa significativamente los costos de importación y amplía la brecha frente al mercado global.
Según el diario La República, el diferencial vigente en marzo se calcula en una pérdida aproximada de 800 pesos por galón para la gasolina y de 5.700 pesos para el diésel. Precisamente, el comportamiento del ACPM concentra la mayor presión fiscal, explicando cerca del 97,0 % del saldo negativo proyectado para los próximos años. Desde su creación, el mecanismo de subsidio ha acumulado obligaciones por $125 billones, cifra que podría ascender a los $136 billones, un monto equivalente a la ejecución de 15 reformas tributarias o a sobrepasar ampliamente los recursos anuales destinados al aseguramiento en salud.
Frente a tal desbalance, los centros de análisis económico subrayan la urgencia de implementar un esquema de ajustes graduales que evite choques abruptos para los consumidores finales. La iniciativa sugiere alzas periódicas iniciales, seguidas de un modelo de fijación basado en promedios internacionales para mitigar la volatilidad operativa. Con valores del petróleo rondando los 100 dólares y una tasa de cambio cercana a los 3.700 pesos, los expertos advierten que el mercado por sí solo resulta incapaz de corregir el desfase, haciendo indispensable la adopción de medidas políticas estructurales para estabilizar las finanzas nacionales.
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