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Nuevo decreto de vivienda protegerá a moradores en ciudades con más de 500.000 habitantes

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El Gobierno Nacional prepara una nueva reglamentación enfocada en salvaguardar los derechos de los habitantes frente a los programas de renovación urbana. La normativa busca garantizar el acceso a una vivienda para propietarios, poseedores y arrendatarios que residan en zonas de intervención constructiva. Dichas iniciativas deberán asegurar condiciones equitativas, evitando desplazamientos injustificados y ofreciendo alternativas de reasentamiento en el mismo sector. La medida resultará obligatoria para desarrollos estructurados mediante planes parciales o actuaciones estratégicas, estableciendo un marco de distribución justa de cargas y beneficios entre los diferentes actores involucrados.

Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las actuaciones que admitan la concurrencia de terceros deberán ejecutarse en municipios o distritos cuya población supere los 500.000 habitantes y abarcar superficies superiores a 1 hectárea. Para iniciar unidades de actuación inmobiliaria, se requerirá el voto favorable de propietarios que representen el 51,0% del área comprometida. Quienes deban entregar sus predios tendrán derecho a recibir un inmueble de reemplazo, ejercer preferencia en las nuevas edificaciones o recibir una indemnización económica justa que les permita mantener su nivel de vida. Asimismo, los promotores asumirán la obligación de cubrir gastos de traslado y proveer alojamiento transitorio mientras culminan las obras.

El alcance del marco regulatorio también cobija a quienes habitan bajo la figura de mera tenencia o arrendamiento. Para dicho grupo poblacional, las autoridades y desarrolladores privados brindarán acompañamiento continuo e información sobre subsidios disponibles, facilitando la transición hacia un nuevo hogar antes de exigir la restitución del predio. Semejante esquema pretende mitigar la vulnerabilidad social derivada de las grandes obras de infraestructura, asegurando que el progreso metropolitano no comprometa la estabilidad habitacional de las comunidades locales ni genere detrimentos en su patrimonio.

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