La intervención de Estados Unidos en Venezuela en enero de 2026 logró cumplir sus objetivos militares inmediatos, como la captura de Nicolás Maduro y una transición de poder sin conflicto prolongado bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez. Desde la perspectiva geopolítica, Washington consolidó su capacidad de acción en la región y promovió cambios institucionales orientados a abrir el sector energético. Sin embargo, el principal objetivo económico —atraer inversión directa de empresas estadounidenses al petróleo venezolano— sigue sin materializarse, a pesar de reformas legales, licencias especiales y una leve recuperación en la producción.
El problema central radica en la falta de confianza estructural: las sanciones aún vigentes, el historial de expropiaciones y la incertidumbre política hacen que las grandes corporaciones opten por la cautela. En lugar de inversión directa, el mercado ha sido ocupado por intermediarios internacionales y compradores como India, lo que deja en evidencia una contradicción clave: la intervención logró control político, pero no ha garantizado beneficios económicos sostenibles. En este contexto, surge una pregunta incómoda para Washington: ¿valió la pena el costo geopolítico si el capital privado, que debía consolidar la victoria, aún no llega?
