- Se proyecta que la deuda neta de Colombia escale al 61,0% del PIB.
- Para 2026, el PIB de Colombia crecería entre 2,2% y 2,6%, impulsado por el consumo y el gasto público, pero la principal debilidad es la fuerte caída de la inversión productiva, que bajó a 15,2%-16,0% del PIB, su peor nivel en dos décadas.
- Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado, anunció que la primera medida del gobierno será un plan de ajuste fiscal y austeridad administrativa, antes de presentar en septiembre una nueva reforma tributaria.
El gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumirá el periodo constitucional 2026-2030, recibirá una economía con señales financieras contradictorias. En la superficie predomina el optimismo de los mercados: el peso se ubicó cerca de su nivel más fuerte en siete años y la bolsa acumuló retornos históricos tras el resultado electoral. Bajo esa euforia, sin embargo, persisten grietas estructurales de primer orden. La más apremiante es de naturaleza fiscal, pues el balance entre ingresos y gastos de la Nación se encuentra desalineado desde hace varios años, con un gasto público rígido que crece por encima de la capacidad de recaudo.
A ese desafío se suman una inflación que se aceleró durante 2026, un costo del crédito en niveles restrictivos y un colapso de la inversión productiva que compromete el crecimiento de mediano plazo. El equipo entrante deberá conciliar su promesa de ajuste con las restricciones de un Congreso fragmentado y con la expectativa de una corrección cambiaria que la mayoría de las analistas considera inevitable una vez se disipe el entusiasmo electoral.
Según el diario La República, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, confirmó durante un evento con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Medellín que la prioridad inicial del nuevo Gobierno será ejecutar un plan de ajuste fiscal antes de radicar cualquier reforma tributaria, la cual, según indicó, se presentaría en septiembre. Gómez sostuvo que el primer mensaje será de austeridad, “una austeridad que, además, durará varios años”, y solicitó al Congreso archivar el proyecto de tributaria que dejó en trámite el gobierno saliente de Gustavo Petro.
El funcionario enmarcó el reto en la proyección del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que estima para 2026 un déficit fiscal total del 7,4% del PIB, el más alto de la historia documentada del país. En paralelo, El Tiempo informó que el CAF comprometió un piso de financiamiento de US$9.000 millones para respaldar proyectos de energía, infraestructura, seguridad y salud del programa de gobierno, según anunció su presidente ejecutivo, Sergio Díaz Granados.
No obstante, las cifras técnicas dimensionan la magnitud del desbalance heredado. El propio Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda admitió la necesidad de flexibilizar la meta de déficit del Gobierno Nacional Central del 5,1% al 5,3% del PIB, mientras que el CARF proyecta que la deuda neta escalará hasta un 61,0% del PIB, el punto de apalancamiento más elevado registrado. El organismo advierte, además, que, actualmente, cerca de uno de cada tres pesos recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se destina exclusivamente al pago de intereses.
A la presión fiscal se añade un frente comercial recién abierto: la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) fijó desde el 24 de julio de 2026 un arancel adicional del 12,5% para los productos colombianos bajo la Sección 301, que reemplaza el recargo temporal del 10,0% y deja al país en desventaja frente a competidores regionales. Todo ello convive con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado en un rango del 2,2% al 2,6% para 2026, sostenido en el consumo y el gasto público más que en la inversión, cuyo componente de formación bruta de capital fijo cayó a niveles del 15,2% al 16,0% del PIB, el registro más precario en dos décadas.
Para Sectorial, el reto del nuevo Gobierno no es de diagnóstico, sino de secuencia y viabilidad política. Anunciar primero el ajuste del gasto y aplazar la tributaria a septiembre es coherente con la necesidad de enviar una señal de austeridad, pero la aritmética es exigente: cerrar la brecha entre un déficit del 7,4% y la senda de la regla fiscal supone un esfuerzo estructural cercano al 4,0%-5,0% del PIB, difícil de ejecutar cuando la mayor parte del presupuesto corresponde a rubros inflexibles como participaciones territoriales, pensiones y servicio de la deuda. El financiamiento de la CAF por US$9.000 millones ofrece oxígeno para inversión, pero no sustituye la corrección del balance corriente.
El mayor riesgo para el nuevo Gobierno es perder credibilidad fiscal. La fortaleza actual del peso depende de capitales especulativos atraídos por altas tasas, no de mejoras reales en la economía. Si no se logra un ajuste fiscal significativo, podría haber una baja en la calificación soberana, fuga de capitales y una fuerte devaluación. La viabilidad económica exige ajustar las cuentas, reactivar infraestructura e inversión, sin hundir el consumo interno.
Más allá de la credibilidad del ejecutivo, el fracaso del ajuste fiscal empujaría a Colombia hacia un colapso macroeconómico estructural. A nivel externo, el país sufriría una fuga masiva de capitales que estallaría la actual burbuja cambiaria con una devaluación violenta. A nivel interno, la economía quedaría condenada a un estancamiento permanente, limitando su crecimiento máximo al 3,0% anual, la deuda se volvería insostenible al devorar uno de cada tres pesos recaudados por la DIAN, y las altas tasas de interés seguirían asfixiando el crédito y el consumo. Evitar esta tormenta perfecta exige disciplina fiscal inmediata y también, destrabar la inversión productiva para blindar al país ante las agencias calificadoras de riesgo.
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