El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Competitividad, conocido como “ley antitrámites”, una iniciativa que busca reducir la carga burocrática que enfrentan los ciudadanos y las empresas colombianas al momento de crear, formalizar y operar un negocio. La propuesta, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) bajo el ministro Mauricio Gómez Amín, se apoya en el principio de “una sola vez”, según el cual ninguna entidad estatal puede exigirle a una persona o empresa un documento o dato que ya reposa en otra base de datos pública. El proyecto hace especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que suelen tener menor capacidad para asumir los costos y tiempos asociados a los trámites administrativos.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la iniciativa contempla el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y la creación de un Expediente Único Empresarial Digital, herramienta que permitirá compartir información entre entidades públicas sin duplicar solicitudes. También propone modernizar la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), digitalizar por completo los folios de matrícula inmobiliaria y aplicar el silencio administrativo positivo, de manera que una solicitud se entienda aprobada si la entidad no responde dentro del plazo fijado. De acuerdo con Portafolio, el texto es claro en que la digitalización de estos procesos “no podrá dar lugar a la creación de cobros adicionales ni al incremento de tarifas”, por lo que el Gobierno insiste en que la reforma no crea nuevos impuestos ni eleva el recaudo.
Entre las medidas puntuales, el proyecto elimina el cobro de la inspección técnica de bomberos para microempresas y fija en 15 días hábiles el plazo máximo para expedir el certificado urbanístico vinculante que hoy retrasa proyectos de construcción. La iniciativa fue radicada el 18 de agosto de 2026 y, por ahora, se encuentra en fase de discusión: debe surtir los debates reglamentarios en el Senado y la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley, por lo que aún no existe una fecha definida de entrada en vigencia. El contexto que motiva la propuesta es relevante: según el Ranking Mundial de Competitividad 2026 del IMD, Colombia cayó cinco posiciones y quedó en el puesto 59 entre 70 economías, arrastrada por una eficiencia gubernamental que ocupa el puesto 65, mientras que el Global Business Complexity Index 2026 ubicó al país como la sexta economía más compleja del mundo para hacer negocios.
Para Sectorial, el proyecto de ley antitrámites apunta a una de las variables que más pesa en la percepción de competitividad del país: la eficiencia del Estado frente al empresario. Que Colombia ocupe el puesto 65 en eficiencia gubernamental del ranking IMD y el sexto lugar en complejidad para hacer negocios del GBCI confirma que la duplicidad de requisitos y los tiempos de respuesta de las entidades son, hoy, una barrera de entrada tan relevante como los costos tributarios o laborales. Medidas como el Expediente Único Empresarial Digital y el silencio administrativo positivo, si se implementan con la interoperabilidad tecnológica que requieren, podrían reducir tiempos de formalización y estimular la creación de nuevas mipymes, que representan la mayoría del tejido empresarial colombiano. No obstante, el margen de mejora dependerá de qué tan rápido avance el trámite legislativo y de la capacidad real de las entidades territoriales para digitalizar procesos como las licencias urbanísticas y el registro inmobiliario. La experiencia con reformas similares muestra que la brecha entre lo aprobado en el Congreso y lo implementado en la práctica suele ser el mayor riesgo para este tipo de iniciativas.
Sectorial hace seguimiento permanente a la dinámica empresarial y regulatoria del país. Los usuarios interesados en profundizar en el impacto de este tipo de reformas sobre la formalización, la inversión y la competitividad sectorial pueden consultar el Índice de Desempeño Sectorial para monitorear en detalle el comportamiento financiero, normativo y comercial del sector industria.
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