Las expectativas laborales en Colombia permanecen en terreno neutro. Un panel aplicado a 344 trabajadores dependientes e independientes encontró que el 53,0% considera que conseguir empleo en los próximos doce meses seguirá igual y que el 24,0% cree que será más difícil: en conjunto, el 77,0% no anticipa un mercado más favorable. En materia salarial la lectura es aún más contenida, con un 72,0% que espera que su remuneración se mantenga sin cambios. Sobre la capacidad del nuevo gobierno para reducir el desempleo y mejorar la seguridad, el 55,0% expresó dudas o expectativas moderadas, frente a un 36,0% que manifestó confianza.
Según el estudio de Buk, plataforma de gestión de personas que aplicó el panel en vísperas de la primera vuelta, la prioridad que los trabajadores le asignan al próximo gobierno no es el ingreso sino la seguridad del vínculo laboral: el 42,0% señaló la estabilidad y la formalización del empleo como el reto más urgente, por encima de la protección social (27,0%), el empleo juvenil (18,0%) y los costos laborales (11,0%). El promedio esconde dos agendas distintas dentro de la misma nómina, pues la protección social preocupa al 31,0% de las mujeres frente al 21,0% de los hombres, mientras que el empleo juvenil es prioridad para el 39,0% de la generación Z y apenas para el 12,0% de los millennials. El informe estas son las percepciones laborales de las elecciones presidenciales en colombia recoge el desglose completo por género y generación.
El hallazgo de mayor alcance para la gestión empresarial es la intención migratoria: solo el 32,0% de los consultados descarta salir del país, de modo que el 69,0% ha considerado o proyecta emigrar por falta de oportunidades. El desglose por edad desmonta el lugar común de la fuga de jóvenes, ya que quien más planea irse de forma activa es la generación X, con el 26,0%, frente al 17,0% de los millennials y el 12,0% de la generación Z: el segmento que concentra el conocimiento crítico de las organizaciones. La señal coincide con los registros oficiales: durante 2025 el flujo de salidas sin retorno pasó de 989 a 3.291 personas por día frente a 2024, cerca de 370.000 colombianos que dejaron el país sin planes de regresar, según Migración Colombia.
Esas percepciones contrastan con unas cifras agregadas favorables. De acuerdo con el DANE, en junio de 2026 la tasa de desempleo se ubicó en 8,0%, el mejor registro para ese mes en ocho años, con 706.000 ocupados adicionales frente a un año atrás. La informalidad, en cambio, se mantuvo en 55,1%, equivalente a más de 13 millones de personas sin acceso pleno a seguridad social, y con un comportamiento divergente: en las 13 principales ciudades cayó 1,1 puntos porcentuales hasta 41,0%, mientras en zonas rurales dispersas subió de 83,3% a 84,1%. La desocupación de la población de 15 a 28 años llegó a 14,7% en el trimestre abril-junio, casi el doble de la tasa general.
En paralelo, la estructura de costos laborales se movió antes del cambio de gobierno. La Ley 2466 de 2025 elevó el recargo dominical y festivo del 80,0% al 90,0% desde el 1 de julio de 2026, con destino al 100,0% en julio de 2027, y la Ley 2101 de 2021 completó la reducción de la jornada semanal a 42 horas en la misma fecha. ANIF calculó que el costo de la hora trabajada pasa de $7.736 en el primer semestre de 2025 a $10.422 en el segundo semestre de 2026, un incremento del 34,7% que se explica en cerca del 80,0% por el alza del 23,0% en el salario mínimo. La respuesta empresarial ya es medible: según la encuesta de Fenalco divulgada en mayo de 2026, el 64,0% de las empresas redujo su planta de personal, cerca del 80,0% ajustó sus planes de contratación y solo el 3,0% proyecta ampliar nómina.
Sobre ese escenario aterriza la agenda del gobierno entrante, cuya bandera laboral es legalizar el trabajo por horas con cotización a salud y pensión por días. Su equipo de empalme sostiene que la reforma laboral dejó margen para reglamentarlo por decreto en los frentes de independientes, microempresas y contratos especiales, mientras que el Ministerio del Trabajo saliente afirma que la norma no aprobó el trabajo por horas y que solo regula la cotización a tiempo parcial computada por semanas. A ello se suma que la Ley 2381 de 2024, que reforma el sistema pensional, sigue suspendida por la Corte Constitucional tras detectarse vicios de trámite, de modo que el 27,0% de los trabajadores que puso la protección social como prioridad continúa operando bajo la Ley 100 de 1993.
