Panamá aprueba la Ley 526 e impondrá un gravamen del 15,0% a sociedades sin actividad real para salir de listas fiscales

El gobierno de la República de Panamá ha establecido una reforma estructural dentro de su modelo de tributación territorial mediante la aprobación legislativa y la sanción ejecutiva de la Ley 526, la cual modifica de forma directa el Código Fiscal para implementar una tasa impositiva del 15,0% sobre las rentas pasivas de fuente extranjera de aquellas corporaciones que no cumplan con los requisitos mínimos de sustancia económica. Esta medida de control regulatorio busca suprimir de manera definitiva el uso de las denominadas empresas de papel o sociedades fantasma, una práctica comercial que históricamente se había extendido en dicha jurisdicción para gestionar capitales internacionales sin registrar una actividad física o comercial verificable en el territorio.

Bajo este nuevo ordenamiento jurídico, toda compañía inscrita en el registro mercantil panameño que reciba utilidades desde el exterior estará obligada a demostrar la existencia de oficinas físicas, la contratación de personal calificado y la ejecución de operaciones comerciales reales y visibles dentro del país para poder conservar las tradicionales exenciones tributarias sobre sus ingresos foráneos. Esta transición normativa incrementará los costos operativos y de cumplimiento de las estructuras corporativas extranjeras, reconfigurando las condiciones de competencia de la industria de servicios legales y consultorías financieras de la nación centroamericana. La aplicación de este gravamen fiscal comenzará a regir formalmente a partir del periodo fiscal del año 2027, marcando un cambio en la política fiscal del Estado para transformar la reputación de su plataforma financiera internacional tras enfrentar múltiples periodos de escrutinio global.

De acuerdo con las informaciones económicas publicadas por el diario La Prensa, la estructuración de este marco legal en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional requirió de mesas técnicas de debate donde se procesaron más de 150 propuestas de ajuste y se escucharon los planteamientos de aproximadamente 35 gremios del sector privado y especialistas en fiscalidad internacional. Los reportes analíticos divulgados por el diario La República y validados por agencias de periodismo investigativo explican que la principal motivación institucional para acelerar la sanción de la ley es lograr la exclusión de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal elaborada por la Unión Europea, un registro restrictivo en el cual la nación permanece clasificada desde el año 2020.

Actualmente, el país figura como el único territorio de América Latina incluido en este listado de diez miembros globales, un grupo donde también se encuentran economías como Rusia y Vietnam. Por su parte, revisiones especializadas difundidas por la cadena de noticias Ecotv Panamá indican que la ley aplica a rentas pasivas; el listado exacto de las industrias reguladas excluidas fue detallado exclusivamente por el diputado Eduardo Gaitán.

La implementación práctica de este mecanismo tributario se realizará a través de un anexo de sustancia económica que la Dirección General de Ingresos (DGI) incorporará en los formularios de declaración ordinaria que las corporaciones presentan anualmente. Las autoridades tributarias de la nación disponen de un plazo técnico de 90 días para promulgar la reglamentación detallada de la ley, un proceso operativo que demandará la capacitación de inspectores especializados y la dotación de herramientas tecnológicas avanzadas, incluyendo sistemas de inteligencia artificial, para auditar los reportes corporativos transfronterizos sin generar procesos burocráticos excesivos. A pesar del incremento en los costos de las estructuras corporativas y de la previsible migración de ciertos capitales offshore hacia otras jurisdicciones, los asesores corporativos proyectan que la medida dinamizará la contratación de servicios de auditoría, contabilidad y representación legal interna.

Desde Sectorial, la sanción de la Ley 526 en Panamá representa una respuesta de carácter urgente para mitigar la contracción de los flujos de inversión extranjera directa que ha afectado al país desde su inclusión en la lista negra fiscal de la Unión Europea en el año 2020. La firma analiza que el establecimiento de un impuesto del 15,0% sobre las rentas pasivas de las sociedades que carecen de oficinas o personal real constituye una convergencia inevitable hacia los estándares de transparencia exigidos por la OCDE y los bloques económicos occidentales.

Se observa que la exclusión selectiva de los sectores financieros y de la marina mercante protege el núcleo de la infraestructura de servicios tradicionales de la nación, mientras se depura el stock corporativo de las estructuras de papel inactivas que afectaban la calificación de riesgo soberano. A mediano plazo, el incremento en los costos de cumplimiento legal modificará la ventaja competitiva de Panamá, pasando de ser una jurisdicción de baja tributación a una plataforma basada en la sustancia económica y la seguridad jurídica institucional.

Para profundizar en el impacto de los cambios de tributación corporativa internacional sobre los flujos de inversión, la evolución de los regímenes fiscales en América Latina y los análisis de riesgo macroeconómico regional, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial y participe en las mesas técnicas de nuestros Foros Sectoriales, herramientas clave para orientar las estrategias de planeación corporativa en entornos globales de alta regulación.

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