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Transición al RUI impactará la clasificación socioeconómica de más de 34 millones de colombianos

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RUI

El Gobierno Nacional puso en marcha, a partir del 1 de agosto de 2026, la operación del Registro Universal de Ingresos (RUI) como instrumento único de focalización social, en reemplazo gradual del Sisbén. La medida, contenida en el Decreto 662 del 26 de junio de 2026, impactará la clasificación socioeconómica de más de 34 millones de personas que actualmente figuran en la base de datos del Sisbén. El nuevo registro fue ordenado por el artículo 70 de la Ley 2294 de 2023, del Plan Nacional de Desarrollo, y reglamentado mediante el Decreto 875 de 2024, que fijó las fases técnicas previas a su entrada en operación. A diferencia del esquema anterior, sustentado principalmente en encuestas autodeclaradas, el nuevo sistema cruza información de más de 40 entidades oficiales, entre ellas la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la Registraduría Nacional, con el propósito de estimar con mayor precisión los ingresos reales de los hogares colombianos.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), quienes ya se encontraban identificados o focalizados a través del Sisbén antes del 31 de julio de 2026 contarán con un plazo de transición que se extiende hasta el 31 de octubre del mismo año, periodo en el cual cada entidad administradora de programas sociales deberá adoptar y publicar su propio cronograma de migración, con actividades operativas y mecanismos de atención al ciudadano. La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, precisó que “el Sisbén no desaparece, evoluciona”, y que toda la información que las familias ya entregaron sigue siendo válida dentro del nuevo Registro Social de Hogares. El RUI conserva la estructura de grupos heredada del Sisbén IV: el Grupo A, de pobreza extrema, con subniveles A1 a A5; el Grupo B, de pobreza moderada, de B1 a B7; el Grupo C, de vulnerabilidad, de C1 a C18; y el Grupo D, no pobre ni vulnerable, de D1 a D21. Para 2026, la línea de pobreza extrema se ubicó en $236.580 mensuales por persona, mientras que la línea de pobreza monetaria, techo del Grupo B, llegó a $482.041.

El cambio de modelo no implica la suspensión automática de los subsidios vigentes. Programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y la Devolución del IVA continuarán operando bajo los criterios de permanencia que defina cada entidad ejecutora, de acuerdo con el DNP, que además detalló que el ingreso de los trabajadores informales se estimará mediante tres vías complementarias: el ingreso observado en registros de salud o impuestos, el ingreso estimado por modelos estadísticos y, solo cuando no exista información suficiente, la autodeclaración a través de la encuesta Sisbén. Los ciudadanos pueden consultar de forma gratuita su nueva clasificación a través del portal Ventanilla Social (ventanillasocial.dnp.gov.co), sin necesidad de trámites presenciales ni de realizar una nueva encuesta de manera inmediata. No obstante, medios como El Tiempo advirtieron sobre la aparición de intermediarios que ofrecen, a cambio de dinero, “bajar” artificialmente la clasificación de los hogares; el DNP insistió en que no existen atajos para modificar la caracterización y que todos los trámites oficiales son gratuitos.

Desde Sectorial consideramos que la transición hacia el RUI marca un punto de inflexión en la política social colombiana, al desplazar el criterio de autodeclaración por uno basado en registros administrativos verificables y actualizables casi en tiempo real. Para el sector empresarial, el cambio tiene lecturas relevantes: una focalización más precisa podría reducir filtraciones de subsidios hacia hogares con capacidad de pago, liberando recursos fiscales que hoy financian programas como Renta Ciudadana o la Devolución del IVA. Sin embargo, el cruce de más de 40 fuentes administrativas también expone a errores de exclusión, en particular entre trabajadores informales cuyos ingresos no quedan registrados en la PILA ni en la DIAN, un riesgo que el propio DNP reconoce y que dependerá en buena medida de la calidad del ingreso estimado mediante modelos estadísticos.

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