La crisis energética de Cuba en 2026 se ha convertido en un punto crítico del tablero geopolítico global, evidenciando cómo la energía puede ser utilizada como instrumento de presión política. Tras la interrupción del suministro petrolero, primero desde Venezuela y luego desde México, la isla enfrentó un colapso eléctrico sin precedentes, con impactos directos sobre su aparato productivo, servicios básicos y calidad de vida. La Orden Ejecutiva 14380 firmada por Donald Trump intensificó esta presión al intentar restringir el acceso de Cuba a combustibles mediante sanciones indirectas, posicionando el suministro energético como una palanca para forzar cambios políticos internos.
En este contexto, la intervención de Rusia, mediante el envío de petróleo a través del tanquero Anatoly Kolodkin, no solo alivió parcialmente la crisis, sino que marcó un desafío simbólico y estratégico a la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Este episodio refleja una dinámica más amplia: el uso de sanciones, el reposicionamiento de potencias globales en América Latina y los límites reales del poder estadounidense. Más allá del alivio temporal, el caso cubano evidencia que la seguridad energética sigue siendo un factor determinante en la estabilidad económica y política, así como un eje central en la disputa por la influencia global.
