¿Cuánto tiempo necesita un país para volver a ponerse de pie después de que la tierra deja de temblar? En Colombia, la respuesta apenas comienza a escribirse. El terremoto del 10 de agosto de 2026 no solo dejó una emergencia humanitaria y una enorme factura de reconstrucción: también puso a prueba la capacidad del Estado para coordinar recursos, proteger el empleo, sostener las finanzas públicas y evitar que una tragedia temporal se convierta en una crisis económica de largo plazo.
Con corte al 18 de agosto, el balance reportaba afectaciones en 15 departamentos y 472 municipios, 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas. Además, 123.789 familias y 292.043 personas habían resultado damnificadas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contabilizaba 134.342 viviendas averiadas y cerca de 30.000 destruidas. Las primeras estimaciones privadas situaban los daños materiales alrededor de los US$9.500 millones, aunque la cifra todavía puede aumentar.
Pero rescatar sobrevivientes es apenas el primer capítulo. Después vienen la vivienda, los hospitales, los colegios, las carreteras y, sobre todo, la recuperación de los ingresos de miles de hogares y empresas. Es allí donde comienza la verdadera historia económica de un terremoto.
Colombia ya enfrentó un desafío similar
La experiencia del terremoto del Eje Cafetero de 1999 ofrece una referencia especialmente relevante. El 25 de enero de ese año, dos sismos de magnitud 6,2 y 5,8 devastaron 28 municipios de Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle. El desastre dejó 1.185 fallecidos y 8.523 heridos. El costo económico se estimó en US$1.589 millones, equivalentes al 2,2 % del PIB colombiano de ese año, con la vivienda como uno de los principales componentes del daño.
La respuesta institucional fue el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC, concebido como un fondo autónomo y protegido de la política partidista para coordinar la reconstrucción. El modelo alcanzó el 93 % de sus metas en dos años y medio y mantuvo los gastos administrativos en 5,4 % del presupuesto. Su desempeño fue reconocido con el premio Sasakawa de Naciones Unidas y posteriormente estudiado en otros países.
No sorprende, entonces, que el Gobierno haya anunciado en 2026 el Fondo Milagro tomando como referencia explícita aquella experiencia. La lección central es que una emergencia de esta magnitud necesita una arquitectura institucional capaz de convertir recursos en obras y ayudas concretas.
Chile: reconstruir también puede acelerar la economía
La experiencia chilena de 2010 muestra otro elemento clave: la reconstrucción puede convertirse en una política económica de recuperación. El terremoto de magnitud 8,8 del 27 de febrero y el posterior tsunami generaron pérdidas estimadas en unos US$30.000 millones, cerca del 18 % del PIB nacional. El PIB mensual cayó 4,5 % al mes siguiente, pero seis meses después más del 80 % de la infraestructura dañada ya estaba reparada y la economía terminó creciendo 5,2 % durante 2010, por encima de lo proyectado.
La diferencia no estuvo en evitar el desastre, sino en impedir que este se transformara en una crisis permanente. Para ello fueron determinantes la capacidad estatal de coordinación, el margen fiscal para financiar la emergencia sin desestabilizar la economía y unas normas sismorresistentes que llevaban décadas aplicándose.
México: la resiliencia se construye antes del próximo sismo
México ofrece una comparación particularmente ilustrativa. El terremoto de 1985, de magnitud 8,1, devastó Ciudad de México. Treinta y dos años después, un sismo de magnitud 7,1 volvió a golpear el país. Aunque el segundo tuvo una magnitud menor, el número de víctimas fue considerablemente inferior. Entre ambos episodios se habían desarrollado un sistema de alerta sísmica temprana, normas de construcción más estrictas y un mayor uso de tecnología.
La enseñanza es clara: la resiliencia no se construye cuando ocurre el desastre, sino durante los años que transcurren entre un terremoto y el siguiente.
Ecuador: el costo también se mide en empleos
El terremoto de Pedernales de 2016 dejó 663 personas fallecidas y llevó al Gobierno ecuatoriano a estimar la reconstrucción en US$3.300 millones, distribuidos entre los sectores social, productivo y de infraestructura. El impacto económico no se limitó a los edificios: cerca de 21.823 empleos fueron destruidos y el sector productivo acumuló pérdidas de actividad por US$515 millones.
La respuesta combinó financiación internacional, incluido un préstamo de emergencia del Fondo Monetario Internacional por US$364 millones y un crédito del Banco Mundial por US$150 millones firmado seis días después del sismo. El caso muestra que recuperar la actividad productiva debe ser parte central de la reconstrucción, no una consecuencia esperada de ella.
Haití: cuando el dinero no alcanza
El caso de Haití representa el contraste más contundente. Tras el terremoto del 12 de enero de 2010, la comunidad internacional movilizó entre US$9.000 millones y US$13.000 millones en donaciones y compromisos de reconstrucción. Sin embargo, quince años después, buena parte del proceso seguía inconcluso.
La experiencia demuestra que el volumen de recursos no garantiza por sí mismo una recuperación exitosa. La diferencia está también en la capacidad institucional para coordinar, ejecutar y convertir la financiación en resultados. Sin instituciones capaces, los recursos pueden circular sin traducirse en infraestructura, empleo o bienestar para la población afectada.
Un terremoto genera varios golpes económicos al mismo tiempo
El impacto económico de un terremoto no puede medirse únicamente por el valor de los edificios destruidos. El desastre produce varios choques simultáneos. Primero, un golpe de oferta: empresas, carreteras y cadenas de suministro dejan de operar. Segundo, un golpe de demanda: los hogares pierden ingresos y reducen su consumo. Tercero, un golpe fiscal: el Estado debe gastar más justo cuando puede recaudar menos.
A estos se suman un golpe financiero, con potenciales pérdidas para bancos y aseguradoras, y un golpe territorial, porque unas regiones quedan mucho más afectadas que otras. En consecuencia, el terremoto puede profundizar desigualdades que ya existían.
La reconstrucción, sin embargo, también puede convertirse en una oportunidad para modernizar infraestructura, elevar estándares de construcción y generar empleo. La condición es que los recursos se ejecuten con orden. De lo contrario, la catástrofe natural puede dar paso a una segunda catástrofe, esta vez administrativa.
El reto fiscal que recibirá el nuevo gobierno
Colombia ya cuenta con financiación internacional para atender parte de la emergencia. El Gobierno activó un crédito del Banco Mundial por US$450 millones y sumó compromisos de cooperación multilateral por más de US$1.300 millones adicionales, de los cuales ya se había liberado un primer tramo de US$200 millones.
El problema es que sostener este esfuerzo no es gratis. Oxford Economics proyecta un déficit fiscal cercano al 7,1 % del PIB para 2026, lo que reduce el margen para mantener la disciplina fiscal que el Gobierno se había propuesto. Por eso, la reconstrucción será uno de los desafíos que heredará el próximo gobierno: tendrá que financiar una emergencia de gran escala sin deteriorar aún más unas cuentas públicas que ya llegan con poco espacio de maniobra.
Los bonos catastróficos: pagar antes para no improvisar después
Colombia también conoce una herramienta diseñada precisamente para transferir parte del riesgo de un desastre a los mercados de capitales: los bonos catastróficos. En términos simples, funcionan como una especie de seguro financiero. El país paga por adelantado para contar con una cobertura que puede activarse automáticamente cuando un evento alcanza determinadas condiciones, evitando depender exclusivamente de la búsqueda de recursos después de la emergencia.
En 2018, el Banco Mundial estructuró un bono catastrófico para Chile, Colombia, México y Perú por US$1.360 millones en cobertura total. A Colombia le correspondían US$400 millones. La experiencia plantea una pregunta relevante para el futuro: ¿cuánto más debería invertir Colombia en mecanismos que permitan financiar rápidamente los desastres antes de que ocurran?
Tres prioridades para la reconstrucción
La experiencia internacional deja tres prioridades para Colombia. La primera es coordinar la reconstrucción bajo una estructura clara, como intenta hacerlo el Fondo Milagro. La segunda es priorizar la infraestructura crítica —vivienda, salud, educación, transporte y servicios esenciales— sobre proyectos de menor impacto social. La tercera, y quizá la más importante, es no reconstruir exactamente las mismas vulnerabilidades que existían antes del 10 de agosto.
Un país resiliente no es aquel que nunca vuelve a sufrir un desastre. Es aquel que aprende del anterior y utiliza la reconstrucción para reducir el impacto del siguiente.
La verdadera prueba será institucional
Un terremoto puede durar menos de un minuto. Sus consecuencias económicas pueden extenderse durante una década. Lo que separa una tragedia temporal de una crisis permanente no es principalmente la magnitud del sismo, sino la calidad de las instituciones que existían antes de que la tierra temblara, la disciplina fiscal para financiar la respuesta sin desestabilizar la economía y la capacidad de ejecutar los recursos con transparencia.
Colombia tiene a su favor una experiencia propia que funcionó razonablemente bien hace 27 años: el FOREC, que alcanzó cerca del 93 % de sus metas en dos años y medio y mantuvo sus gastos administrativos en 5,4 %. Pero llega a esta nueva emergencia con menos margen fiscal y una deuda mayor que en 1999.
La pregunta, por tanto, no es únicamente cuánto costará reconstruir Colombia. También es si el país tendrá la capacidad institucional, fiscal y productiva para convertir la reconstrucción en una oportunidad de recuperación y no en una crisis prolongada.
La tierra volverá a temblar. La pregunta que queda para Colombia no es si puede evitar el próximo terremoto, sino si, cuando llegue, estará mejor preparada para levantarse que esta vez.
