El Gobierno de Abelardo De La Espriella instruyó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural iniciar la derogatoria de las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), la figura de ordenamiento rural adoptada durante la administración de Gustavo Petro para restringir, en ciertos territorios, actividades no agroindustriales como la minería y el urbanismo. La instrucción, impartida al ministro Indalecio Dangond antes de la posesión presidencial del pasado 7 de agosto, busca revisar el efecto de estas resoluciones sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales.
Según la Oficina de Prensa presidencial, la meta es liberar el uso productivo de la tierra, recuperar la confianza de productores e inversionistas y fortalecer la economía del campo mediante un modelo que priorice la propiedad privada. El anuncio, hecho público el 30 de julio, coincidió con una solicitud previa de congresistas afines al nuevo Gobierno, quienes habían pedido revocar las resoluciones por considerar que afectan la autonomía municipal y la libertad de empresa.
Según El Espectador, las APPA nacieron con el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, que modificó la Ley 388 de 1997 para declarar estas zonas como determinantes de ordenamiento territorial de superior jerarquía, obligando a los municipios a incorporarlas en sus planes de ordenamiento. La primera APPA se declaró en junio de 2024 en La Guajira y, para noviembre de 2025, las tres áreas existentes cubrían cerca de 109.652 hectáreas. Cifras del Ministerio de Agricultura publicadas en mayo de 2026 mostraron que la figura ya cubría 864.000 hectáreas en 48 municipios de departamentos como La Guajira, Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Córdoba y Santander, es decir, el área protegida se multiplicó cerca de 7,9 veces en seis meses.
La expansión generó tensiones en Antioquia: en diciembre de 2024 se delimitó una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) de 249.617 hectáreas en 23 municipios del suroeste, como medida preliminar sin efectos jurídicos sobre el suelo. La Gobernación demandó la resolución por considerar que invadía competencias municipales de ordenamiento territorial. Luego, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, el Ministerio declaró áreas APPA vinculantes en 13 municipios, protegiendo legalmente más de 64.000 hectáreas.
El anuncio generó rechazo inmediato del entonces Ministerio de Agricultura, que el 1 de agosto calificó la eventual derogatoria como un retroceso para el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la describió como el primer paso de una contrarreforma agraria, mientras la exministra Martha Carvajalino sostuvo que las APPA no afectan la propiedad privada, pues los dueños conservan sus derechos sobre la tierra. En contraste, gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia han señalado que la Resolución 016 de 2025 limitó el uso de estas áreas casi exclusivamente a la agricultura campesina, familiar y étnica, restringiendo lo que un propietario privado puede hacer con su predio pese a conservar el título. Académicos consultados por El Espectador han planteado que las APPA pueden ser un instrumento válido de decisión territorial si existe concertación real con las comunidades. Con el cambio de Gobierno consumado, el trámite de la derogatoria queda ahora en manos del ministro Dangond, en medio de un litigio activo en la Corte Constitucional.
Para Sectorial, la derogatoria de las APPA añade incertidumbre regulatoria sobre el uso del suelo rural, justo cuando el área protegida bajo esta figura se había multiplicado cerca de 7,9 veces en seis meses. Más allá de la decisión que tome el Ministerio de Agricultura, el litigio abierto en la Corte Constitucional, con al menos cinco demandas activas contra el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, deja abierta la posibilidad de que un fallo judicial reviva o modifique la figura, lo que añade riesgo jurídico tanto para quienes buscan invertir en minería, urbanismo o agroindustria en zonas hoy protegidas como para los productores campesinos que dependían de esa protección. Departamentos como Antioquia, Tolima, La Guajira, Cundinamarca y Córdoba, donde se concentra la mayor parte de las 864.000 hectáreas declaradas, sentirán primero el efecto de cualquier cambio normativo.
Para monitorear el riesgo regulatorio y de ordenamiento territorial que enfrentan los inversionistas del sector agropecuario, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y participe en los Foros Sectoriales, donde se analizan en profundidad las variables normativas que definen el rumbo del campo colombiano.
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