En Colombia tenemos un doloroso saldo histórico. En 500 años, 25 grandes desastres (desde epidemias hasta terremotos, excluyendo el conflicto armado) han dejado un lamentable saldo de aproximadamente 258.000 víctimas fatales.
Gran parte de estas pérdidas están vinculadas a emergencias sanitarias históricas. Desde la viruela (1558-1560) con 40.000 fallecidos, pasando por el cólera (1849-1850) con 20.000 y la gripa española (1918) con 30.000, hasta el reciente impacto del Covid-19 (2020-2023) que cobró la vida de cerca de 143.000 colombianos.
Hemos presenciado una vulnerabilidad en terremotos devastadores como los de Cúcuta (1875, mag 6,8), el Pacífico (1906, mag. 8.8), Tumaco (1979, mag. 8,1), Popayán (1983, mag 5,5) y el Eje Cafetero (1999, mag 6,2) han evidenciado que la falta de planeación urbana y la debilidad en las construcciones son el verdadero catalizador de la tragedia humana y económica. La normativa sismorresistente es nuestra única defensa real.
El reciente sismo de 2026 nos presenta la cuarta factura más alta de América Latina en este siglo. Reconstruir a Colombia costará inicialmente unos 20 billones de pesos (aprox. USD 6.350 millones), comprometiendo cerca del 1% del PIB nacional. Un desafío inmenso, comparable al costo de la reconstrucción del Eje Cafetero en 1999, que absorbió alrededor del 2% del PIB de la época.
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