El Gobierno Nacional avanza en un proyecto normativo destinado a erradicar la intermediación laboral. Gremios, sindicatos y entidades estatales se reunieron en la Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos para discutir el documento preliminar. La iniciativa busca fortalecer la protección de los trabajadores, redefiniendo las sanciones aplicables a quienes utilicen de forma abusiva figuras jurídicas como las cooperativas de trabajo asociado, los contratos sindicales y las empresas de servicios temporales. La medida pretende eliminar prácticas orientadas a ocultar verdaderas relaciones de dependencia.
Según el Ministerio de Trabajo, la reglamentación adicionará un capítulo fundamental para la inspección estricta del empleo, en concordancia con la reciente Ley 2466 de 2025. Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales, aclaró que el objetivo central del decreto no consiste en prohibir la tercerización legítima ejecutada por compañías especializadas. Por el contrario, la cartera busca desestimular el uso indebido de diversas modalidades de contratación orientadas a precarizar las condiciones de la fuerza laboral. La mesa tripartita continúa recibiendo aportes para afinar la redacción normativa.
Tras la sesión de concertación, las autoridades realizarán ajustes técnicos específicos sobre la operatividad de las firmas de servicios temporales. Igualmente, el ente gubernamental definirá el futuro de los contratos sindicales frente al nuevo marco regulatorio. De igual forma, los funcionarios analizan el alcance preciso de las medidas preventivas y las funciones de control para asegurar el cumplimiento de la normativa. Las modificaciones buscan consolidar un mercado formal transparente, garantizando que las contrataciones externas cumplan rigurosamente con las obligaciones de ley.
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