Esta frase la escuchamos el primer día de la 60ª Convención Bancaria de Asobancaria, donde diversas autoridades financieras coincidieron en que Colombia necesita corregir sus desequilibrios fiscales, recuperar la credibilidad de sus finanzas públicas y construir una estrategia de crecimiento de largo plazo. Durante el análisis también se abordaron la persistencia de la inflación, la relación con Estados Unidos, la creciente presencia de China en América Latina y las condiciones necesarias para recuperar el grado de inversión.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, advirtió que Colombia todavía no ha logrado alcanzar la meta de inflación del 3% y consideró poco probable que esta se cumpla en 2026 o 2027. Villar planteó la necesidad de entender por qué Colombia presenta un comportamiento diferente al de otros países y economías comparables. Entre los factores mencionados se encuentran los incrementos del salario mínimo por encima de la inflación observada en 2025 y 2026, así como la expansión del gasto público. Aunque un mayor gasto estatal puede producir resultados positivos en el corto plazo, especialmente sobre el empleo y el crecimiento, también va a generar costos importantes en el largo plazo cuando no está acompañado por un aumento equilibrado de la producción y la productividad.
La presión surge cuando la demanda crece más rápidamente que la capacidad productiva de la economía. En ese escenario, los consumidores y las empresas disponen de más recursos para comprar, pero la oferta de bienes y servicios no aumenta al mismo ritmo. El resultado es una presión adicional sobre los precios y un desafío para la política monetaria.
Kinley Salomon, editor para América Latina de The Economist, sostuvo que Donald Trump y Marco Rubio han convertido nuevamente a América Latina en una prioridad de la política exterior de Washington. Según su análisis, la agenda estadounidense hacia la región ha incluido la descertificación de Colombia como país que combate el narcotráfico, la discusión de nuevos aranceles y una mayor atención a la situación política de Venezuela. También señaló que, desde la llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos, varios países latinoamericanos han optado por gobiernos de derecha.
Para Salomon, este nuevo escenario ofrece oportunidades, pero también riesgos. Una eventual flexibilización de las sanciones contra Venezuela y un retorno de ese país a la democracia podrían abrir oportunidades comerciales y diplomáticas para Colombia, especialmente si Bogotá logra conservar una relación cercana con Washington.
Sin embargo, advirtió que Estados Unidos puede modificar con rapidez sus alianzas y prioridades. La dependencia de decisiones políticas cambiantes en Washington constituye, por tanto, un riesgo para los países latinoamericanos.
Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, recordó que durante el gobierno de Andrés Pastrana el país recibió un déficit fiscal de 7,7% del PIB, al tiempo que enfrentó las consecuencias del terremoto del Eje Cafetero. Ante esa situación, el Gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional para negociar condiciones de ajuste y establecer un marco de disciplina para las finanzas públicas. Echeverry señaló que reducir un déficit fiscal de 7,7% a 3,5% puede tomar entre tres y cuatro años, lo que demuestra que la corrección de los desequilibrios fiscales requiere tiempo, consistencia y acuerdos institucionales.
De cara al gobierno de Abelardo de la Espriella, Echeverry recomendó combinar tres agendas de administraciones anteriores:
- La política de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe.
- La estrategia de ajuste fiscal del gobierno de Andrés Pastrana.
- El enfoque de reformas sectoriales asociado al gobierno de César Gaviria.
Ángela Hurtado, presidenta de JP Morgan, afirmó que Colombia aún cuenta con disponibilidad de capital. El principal desafío, según su perspectiva, no sería la ausencia de recursos financieros, sino la falta de coordinación entre el sector público y el sector privado.
Para atraer inversión y ejecutar proyectos de largo plazo, el país necesita reglas claras, capacidad institucional y una visión que trascienda los ciclos políticos. La disponibilidad de capital no garantiza por sí sola el crecimiento: también se requiere identificar proyectos viables, reducir la incertidumbre regulatoria y coordinar las decisiones de inversión pública y privada.
Richard Francis, director senior de Calificación de Soberanos de Fitch, explicó que Colombia podría recuperar el grado de inversión si logra reducir la deuda pública como proporción del PIB. Sin embargo, Francis consideró probable que este objetivo no se alcance durante los próximos cuatro años. La advertencia refleja la magnitud del ajuste requerido: no basta con reducir temporalmente el déficit, sino que es necesario estabilizar la deuda y demostrar que las finanzas públicas pueden mantenerse sostenibles en el tiempo.
Elizabeth Rey, presidenta de Citibank Colombia, planteó que la prioridad debe ser la reestructuración de la deuda financiera. El objetivo sería mejorar el perfil de vencimientos, reducir presiones sobre el presupuesto y recuperar espacio para financiar inversión pública y proyectos productivos.
El reto de una estrategia de largo plazo
Las intervenciones coinciden en que los problemas de Colombia están relacionados entre sí. La expansión del gasto público puede aumentar la demanda y presionar la inflación; las tasas de interés elevadas pueden dificultar la inversión; la apreciación del peso puede reducir la competitividad; y una deuda creciente puede limitar la capacidad del Estado para financiar nuevos proyectos.
Por ello, la recuperación económica no dependerá de una sola medida. Colombia necesitará una combinación de disciplina fiscal, coordinación entre el Estado y el sector privado, fortalecimiento de sectores productivos, estabilidad regulatoria y una política exterior capaz de aprovechar las oportunidades tanto con Estados Unidos como con China y otros mercados.
El desafío central será convertir la corrección fiscal y la estabilidad macroeconómica en una plataforma para el crecimiento regional y sectorial. Sin una visión de largo plazo, los resultados positivos de corto plazo en empleo o consumo podrían terminar profundizando los desequilibrios que el país busca corregir.
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