- La elección de Miguel Polo Rosero ha despertado expectativas respecto a su impacto en las futuras decisiones de la Corte.
- El nuevo magistrado asume en un contexto complejo, con varios temas importantes pendientes de resolución en el alto tribunal, entre ellos, la controvertida reforma pensional y las reformas laboral, judicial y de salud.
Luego de una intensa disputa en el Congreso para seleccionar al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, marcada incluso por la polémica aparición de un “voto fantasma”, el Senado decidió nombrar a Miguel Polo Rosero como sucesor de Antonio José Lizarazo. Polo Rosero, quien venció a Claudia Dangond con 57 votos contra 47, asumirá su cargo, lo que podría, según indican algunos analistas, influir en la orientación ideológica del tribunal.
La elección de Polo Rosero ha despertado expectativas respecto a su impacto en las futuras decisiones de la Corte. En la actualidad, la Sala Plena cuenta con seis magistrados de tendencia liberal y tres conservadores. Sin embargo, con su incorporación, se anticipa un cambio en las votaciones, pasando de un margen de 6-3 a uno más ajustado de 5-4. A pesar de ello, la Corte ha emitido recientemente fallos con votaciones unánimes o con pocos salvamentos de voto. Lo anterior, lleva a concluir a diferentes expertos que la incorporación del nuevo magistrado no traerá grandes ventajas para el Gobierno nacional en materia de fallos. No obstante, el presidente Gustavo Petro deberá proponer una terna para sustituir a la magistrada Cristina Pardo, cuyo mandato culmina en mayo de 2025, y esa elección sí podría alterar la composición ideológica de la Corte.
En este sentido, el nuevo magistrado asume en un contexto complejo, con varios temas importantes pendientes de resolución en el alto tribunal, entre ellos, la controvertida reforma pensional que el Congreso de la República aprobó y que el presidente ya sancionó, convirtiéndola en la Ley 2381 de 2024. Este proyecto fue aprobado de manera presuntamente irregular en la Cámara de Representantes, donde, en el último momento, se adoptó el texto que ya había recibido el visto bueno del Senado. Por lo cual, la Procuraduría General, bajo la dirección de Margarita Cabello Blanco, el 8 de noviembre de 2024 solicitó a la Corte Constitucional que declarara la reforma pensional completamente inexequible, al considerar que fue aprobada en la Cámara de Representantes sin deliberación clara.
Asimismo, se enfrentará a la aprobación de varias reformas clave como la de salud, laboral y judicial y al debate sobre demandas presentadas en contra de diferentes artículos de la reforma tributaria, así como decisiones en la venta de aguardiente, un tema clave para la economía regional y cuyo debate ha durado varios meses.
El debate con la venta de aguardiente está relacionado con la demanda contra el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que otorga a los departamentos la facultad para restringir la venta. Esa normativa permite a los departamentos que tengan el monopolio de la producción de licores, ya sea de manera directa o por contrato, suspender la expedición de permisos para la entrada de aguardiente, ya sea nacional o extranjero, en sus jurisdicciones.
Finalmente, en cuanto a las decisiones en el sector salud, un cambio en la composición ideológica de la Corte podría influir en cómo se abordan temas clave, como el derecho a la salud, el acceso a servicios médicos y la interpretación de políticas públicas relacionadas con el sistema.
Pese a la incertidumbre que puede generar la elección del nuevo magistrado, queda esperar cuáles son los movimientos del Gobierno en 2025, y de qué manera se desenvuelve la Corte con la aprobación de las diferentes reformas. Aunque hay temor entre los opositores, cabe resaltar la firmeza que han tenido las instituciones, al no permitir la aprobación de reformas sin un adecuado estudio y consenso entre diferentes actores.
Corte Constitucional exige reactivar norma sobre distribución geográfica de farmacias
