En diciembre de 2018 el gobierno venezolano realizó una petición de préstamo a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) por valor de 500 millones. La CAF es un Banco regional que funciona para los países de América Latina, fundado por los países andinos, lo cual hace a Venezuela accionista con una participación del 14% en los préstamos de portafolio.
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La CAF concedió el préstamo por un valor de 500 millones de dólares al Banco Central de Venezuela, argumentando que son recursos destinados para mitigar los riesgos de liquidez y brindar apoyo macroeconómico al país. (¿Por qué Colombia Planteó un Plan de Salvamento para Venezuela?)
Esta decisión generó controversia entre los miembros de la organización, quienes consideran erróneo conceder préstamos a un país con políticas autoritarias en detrimento de la población. Además de esto, Venezuela no tiene capacidad de pago y se encuentra en una situación de “default” (riesgo de incumplimiento de pago) debido a los atrasos en el pago de los bonos soberanos. (¿Cómo se Mide el Nivel de Riesgo de un País?)
Ricardo Sigwald, presidente de ConInt Group y ex consultor jurídico de la Corporación Andina de Fomento (CAF), actual Banco de Desarrollo de América Latina, explicó que existe el antecedente de un crédito de 400 millones de dólares otorgado en diciembre de 2017 por la CAF al Banco Central de Venezuela. En ese entonces, Sigwald era consultor jurídico de la CAF y elaboró un dictamen de los riesgos que podía ocasionar el préstamo puesto que la institucionalidad del país no era clara.
Es necesario mencionar que la carta magna venezolana expresa que cualquier endeudamiento que se tome en trasgresión a la constitución y a las leyes que rigen el crédito público no será reconocido. En este sentido, si la Asamblea Nacional, entidad encargada de aprobar el endeudamiento del estado y la aceptación de los préstamos, no da su aval, se estaría incurriendo en un procedimiento inconstitucional, lo cual eleva el riesgo financiero de la operación.
Aun así, el último requerimiento de deuda lo hizo el Banco Central, quien no requiere de la intervención previa de la Asamblea, además de que no hay inconveniente en prestarle a los bancos, siempre y cuando no estén actuando como representantes del gobierno.
A pesar de esta salvedad, en el caso de Venezuela se tienen varios cuestionamientos, pues se cree que el banco está actuando en nombre del gobierno. Además, Según Sigwald, “desde el punto de vista jurídico no se siguió el camino que debe seguirse para manejar el crédito publico”.
De hecho, el diputado venezolano, Ángel Alvarado, se refirió a la situación afirmando que es un crédito hecho al ejecutivo vía Banco Central de Venezuela, ya que el gobierno no tiene capacidad para endeudarse puesto que no cuenta con la aprobación parlamentaria.
Con la decisión se reproduce el ciclo que ha mantenido Nicolas Maduro de endeudarse y luego solicitar un préstamo para pagar el anterior, lo que es insostenible, a tal punto que puede conducir a la liquidación de activos para saldar las deudas.
Alvarado asevera que la CAF concedió el nuevo crédito a Venezuela para que pueda responder por la deuda del 2017 y no tenga que declararse en “default” o cesación de pagos. Adicionalmente, la CAF pretende mantener sus balances en buen estado para conservar su perfil crediticio. No es conveniente que aparezca un país miembro en cesación de pagos, por lo que es preferible otorgar un nuevo crédito, es decir, maquillar el balance para evitar que las calificadoras de riesgo reduzcan su calificación.
Finalmente, Alvarado declaró que “los miembros de la asamblea hacen un llamado a las calificadoras de riesgo para que revisen los balances de CAF y el funcionamiento institucional, puesto que reflejan debilidades institucionales importantes. Los países que conforman el directorio de la CAF deben hacer una revisión importante de cómo están manejando sus finanzas”. (Los Principales Riesgos que Enfrenta el Sector Financiero)
