Las alertas más recientes se están presentando por factores como: el posible racionamiento, que está incrementando los precios de la energía a $1.500 COP kWh, frente a los $220 COP kWp a inicios de 2023. La segunda amenaza se da en el frente del transporte, con los aumentos del ACPM y en los precios de los peajes, donde muy probablemente el costo de la logística para las empresas se va a aumentar en niveles del 20%. La tercera amenaza es la crisis financiera del sector salud, debido a que los empresarios tendrán que aportar de sus bolsillos un presupuesto para cubrir la salud de sus empleados y así garantizar el acceso a la mano de obra, añadiendo otra presión en materia de costos. Por último, el cuarto elemento predice posibles insolvencias por parte de las empresas es la inseguridad.
Ante este escenario de presiones múltiples, el sistema financiero colombiano ha fortalecido sus provisiones y requerimientos de capital regulatorio. Los bancos comerciales y las fintech han incrementado su vigilancia sobre cartera empresarial, particularmente en sectores expuestos a costos operacionales volátiles. La Superintendencia Financiera ha señalado una mayor concentración de riesgo en pequeñas y medianas empresas, generando endurecimiento en condiciones crediticias y reducción de plazos de financiamiento disponibles.
La coyuntura obliga a las empresas a replantear estrategias de capital de trabajo y tesorería de corto plazo. Aquellas con acceso a mercados de capitales buscan refinanciamiento preventivo, mientras que el segmento de Pyme enfrenta restricciones de liquidez. Los analistas proyectan incrementos en tasas de mora y ajustes en márgenes financieros durante los próximos trimestres, recomendando a empresarios diversificar fuentes de financiamiento y optimizar ciclos de conversión de efectivo.
